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Las marchas, los plantones y manifestaciones de las últimas semanas para defender el Poder Judicial, oponerse a la Alianza del Pacífico y a los recortes presupuestarios son movimientos orquestados desde la oposición, según la presidenta Laura Fernández.
Y es que, los partidos políticos en el Congreso se comportan como si la campaña política no hubiera terminado en febrero anterior, de acuerdo con la mandataria.
“Cuando vemos que en estas manifestaciones, plantones o movimientos ciudadanos como los llaman, se presentan diputados de Liberación Nacional y líderes añejos de ese partido, diputados del Frente Amplio y líderes trasnochados del comunismo y diputadas del PUSC y el PAC, lo que vemos es que más allá de mostrar descontento, es una lucha de los bloques opositores del gobierno. Parece que siguiéramos en campaña, donde era todos contra Laura y ahora es todos contra el gobierno, unidos en un solo bloque que hemos llamado bloque comunista opositor”, dijo Fernández.
Lo peor de todo es que esta situación no le hace ningún bien al país, sobre todo en temas trascendentales como la educación, la salud y la seguridad.
“Oponerse por oponerse, bloquear por bloquear y seguir generando mensajes como si estuviéramos en campaña electoral no le hace ningún bien al país (…) Nosotros seguiremos anteponiendo el interés del país y de las familias costarricenses por encima de intereses sindicales, de grupos pequeños de la población, desestabilización nacional”, agregó Fernández.
Este lunes se realizó el último plantón a favor de las universidades públicas, con el objetivo de defender el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de cualquier recorte por parte del Estado.
Los estudiantes rechazan una reducción del presupuesto de ¢8 mil millones. El recorte ya fue aprobado por la comisión de Hacendarios del Congreso y solo hace falta su votación en primer y segundo debate para que quede en firme.
No obstante, diputados del PLN y el Frente Amplio acudieron a la Sala IV para evitar que se dé un recorte para las universidades.
En ese sentido, los diputados del Frente señalan que se trata de recursos postergados de la educación superior estatal correspondientes al ejercicio económico 2020-2021.
“Al ser recursos adeudados para el FEES resultan indisponibles para las diputaciones, o sea, que no se les puede dar un fin distinto a lo ya acordado, tal como indica el art. 85 de la Constitución. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejores que las sustituyan”, dijo el Frente.
Por su parte, la presidenta Fernández señala que, debido a la reducción de los ingresos y el potencial crecimiento del gasto público, el Estado tiene que amarrarse la faja.
Es por ello que para el 2027 se presentó un plan de gastos que recorta en más de ¢393 mil millones el gasto estatal.
La mandataria señala que la reducción presupuestaria afecta a todas las instituciones y sectores.
Esto, ante la preocupación de que las finanzas públicas se salgan nuevamente de control y sea necesario volver a impulsar medidas que impliquen nuevos impuestos.
“Los fondos públicos no son un saco sin fondo, por el contrario, el dinero debe distribuirse con mucha sabiduría. Todos los sectores son muy importantes, pero la educación, la seguridad y la salud son prioridades de trabajo. Desde el gobierno estamos distribuyendo los fondos públicos con eficiencia y buscando siempre lo mejor. Flaco favor le hago al país si cedo en aumentar la asignación de recursos a alguno de estos sectores, sin contar con los ingresos necesarios. No podemos hipotecar el futuro de Costa Rica”, indicó.
En cuanto a las protestas, Fernández señaló que Costa Rica “es una democracia en donde se respetan todos los derechos”.
“Existe el derecho a manifestarse, pero también el derecho al libre tránsito. Desde el gobierno, respetamos la diversidad de opiniones”, finalizó.
Finalmente, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que agrupa a las universidades públicas del país, rechazó las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, sobre posibles detenciones de estudiantes que participan en manifestaciones en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
“Las universidades públicas costarricenses son espacios de pensamiento crítico, construcción de conocimiento y convivencia pacífica, comprometidos con el respeto al Estado de derecho. La defensa de la educación pública constituye una causa legítima de interés nacional. Desde CONARE hemos respaldado las manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa de este derecho, en el marco del respeto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico costarricense”, señaló la institución.
Asimismo, los rectores cuestionaron los señalamientos del jerarca de Seguridad, al considerar que estigmatizan al movimiento estudiantil y afectan el diálogo democrático.
“Preocupa que desde una posición de autoridad pública se utilicen declaraciones que estigmatizan al movimiento estudiantil y deslegitiman el ejercicio de sus derechos. Este tipo de señalamientos contribuye a la polarización y debilita las condiciones necesarias para el diálogo democrático”, agregó CONARE.
