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La principal misión de Patricia Vargas como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia es defender a la institución de los supuestos intentos de control que han impulsado el Gobierno y sus diputados de Pueblo Soberano, de acuerdo con varios líderes de la oposición.
Para los legisladores, es muy importante también que Vargas defienda “con valentía” el presupuesto del Poder Judicial, además de atacar la mora judicial.
Se trata de los representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), el PUSC y Agenda Ciudadana, quienes coinciden en que la nueva jerarca deberá mantener una posición firme, al tiempo que impulsa la modernización de la institución y garantiza una justicia más rápida y eficiente.
“Es muy importante para la Corte, contar con una presidencia que es firme, preparada y que tiene muy claro cuál es el rol del Poder Judicial en Costa Rica y que está dispuesta a seguir defendiéndolo de los ataques que ha venido recibiendo por parte del Poder Ejecutivo y de los diputados oficialistas”, indicó Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó la importancia de avanzar en la modernización de la administración de justicia y mantener una defensa decidida de la independencia judicial.
“Creo que es una persona que definitivamente va a abrazar la agenda de modernización del Poder Judicial en la que todos estamos de acuerdo, y estamos en la mejor disposición de colaborar. Estoy seguro también de que ella sabrá defender con valentía la independencia del Poder Judicial, base esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia”, dijo Ramírez.
Anteriormente, grupos de la sociedad civil y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una supuesta estrategia del gobierno para debilitar la independencia judicial en Costa Rica.
Minar la confianza ciudadana, presentar al Poder Judicial como único responsable de la inseguridad, además de supuestos intentos de debilitar a la Sala Constitucional y la pretensión de condicionar el presupuesto judicial, son parte de los reclamos de las organizaciones contra el gobierno.
Ante ello, el gobierno de Laura Fernández ha rechazado los señalamientos.
“El Gobierno reafirma que la independencia judicial, la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión son pilares de la democracia. Las diferencias entre los Poderes de la República son parte del debate democrático y deben abordarse con hechos, respeto a la ley y responsabilidad institucional”, explicó la Cancillería ante la CIDH.
Por otra parte, el Estado de la Nación 2025 advirtió que la justicia costarricense nunca había enfrentado, en sus más de dos siglos de historia, ataques tan violentos y sistemáticos por parte de los poderes político y criminal al mismo tiempo.
Tanto el actual Gobierno como la administración anterior han cuestionado la lentitud de los procesos judiciales y la permanencia de los magistrados durante décadas en sus cargos.
Por otra parte, desde el Frente Amplio, el diputado Antonio Trejos también planteó una serie de exigencias para la nueva presidenta, entre ellas garantizar la transparencia, y reducir los tiempos de espera para resolver los procesos.
“Desde el Frente Amplio le exigimos a la nueva presidenta del Poder Judicial transparencia, defensa de la independencia judicial y acortamiento de los plazos, que haya menos mora y que haya justicia pronta y cumplida para todos los costarricenses”, expresó Trejos.
El legislador recibió con respeto la elección de Vargas y resaltó el carácter histórico del nombramiento, al tratarse de la primera elección pública realizada por la Corte Suprema de Justicia y de la segunda ocasión en que una mujer asume la presidencia de ese poder de la República.
Entretanto, Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, advirtió que los desafíos de la justicia costarricense requieren coordinación entre las instituciones y recursos suficientes para atender las necesidades del país.
“La mora judicial, la independencia de poderes, así como el narcotráfico y el crimen organizado, no pueden ser enfrentados por ningún poder de la República solo, ni tampoco poderes de la República que estén desfinanciados”, agregó Dobles.
Vargas fue elegida el lunes anterior, en la cuarta ronda de votaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La abogada obtuvo 12 votos y asumió el puesto que dejó vacante Orlando Aguirre.
La nueva presidenta fue juramentada ese mismo día y se convirtió en la segunda mujer en dirigir el Poder Judicial en más de 200 años de vida independiente. La primera fue la exmagistrada Zarela Villanueva.
La jerarca cuenta con más de 25 años de trayectoria en la carrera judicial y forma parte de la Sala de Casación Penal desde 2023, tribunal encargado de resolver asuntos en materia penal de adultos y penal juvenil.
Además, tiene un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España; una maestría en Ciencias Penales y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR). También es notaria y docente universitaria de grado y posgrado.
