Refundación

Aunque todos entendemos que “refundación” es una expresión política magnificada para crear efectos en la opinión de los costarricenses, para refundar un país se requiere una remoción de su constitución y de sus instituciones y la sustitución de todas ellas por nuevas y distintas. Eso parece muy lejano de ser posible, de ser realidad y de ser compatible con las posibilidades actuales. Más pareciera que se trata del intento de crear una narrativa política que de generar una verdadera refundación de todas las instituciones de Costa Rica. Pareciera que construyen su imaginario social.

Creo que sería muy positiva la reforma y renovación de muchas de nuestras leyes e instituciones y de la modernización del aparato estatal costarricense. Creo que la principal barrera al éxito en estas pretensiones es la desconfianza entre personas y partidos. Hay que ganar de nuevo esa confianza y esa unidad de propósitos nacionales.

La reforma del estado es indispensable. La modernización de las instituciones del estado es impostergable. La transformación del estado costarricense es urgente porque el país ha avanzado, se ha tornado ventajosamente moderno y la actualización de nuestras instituciones está a la zaga de la transformación real de Costa Rica. Las instituciones del país deben de modernizarse para que no sean freno sino motor en el desarrollo una vez más.

La revisión de la Contraloría General de la República, sus funciones y cometidos sería muy útil para lograr mejor control sobre la corrupción y la irrupción del narcotráfico en las compras del estado y en el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Habrá facetas que deben cambiarse, otras que deben fortalecerse, y claro está que algunas facetas de la Contraloría deberán eliminarse. La Costa Rica del pasado no es la Costa Rica del presente, tampoco la del futuro. El desarrollo empresarial del ayer no es el del hoy, con sus urgencias, con su necesidad de contar con instituciones más ágiles y efectivas.

Se ha acumulado una deuda del estado con la CCSS de cerca de cuatro millones de millones de colones. ¿Cómo pagarla, cómo lograr que no aumente ni sea freno a la atención de los enfermos ni al pago de las pensiones de IVM de hoy? ¿Podremos hacer un gran abono a la deuda vendiendo la Fabrica Nacional de Licores y el Banco de Costa Rica? El país debe de discutir estas posibilidades sin crispación y en unidad de objetivos. Salvar la Caja mediante la venta de activos del estado que no son tan trascendentales como esa institución suena posible y suena razonable. El mundo de la nacionalización bancaria de 1949 guarda poca similitud a la situación económica y social del presente. No debemos cerrarnos a nada y debemos abrir nuestras mentes a todo lo positivo de cambiar para resolver problemas de enorme magnitud.

En un momento de apertura de nuestra economía agrícola que es ligeramente menor del 4% del PIB en la actualidad, ¿no deberíamos cerrar el CNP y dedicar esos recursos a la asistencia del sector más efectivamente? La creación del CNP se dio en momentos económicos y sociales muy diferentes al actual. Nuestra economía agrícola de exportación, y que es posiblemente la que habrá de sobrevivir a los cambios en el entorno de nuestro país, no requiere del CNP. La economía agrícola que está en serios problemas por la importación de productos altamente competitivos del mercado internacional no es sujeto de ayuda o resolución de sus problemas por el CNP, sino por entidades técnicas que mejoren su productividad, reduzcan sus costos de producción y las transformen en productos competitivos internacionalmente. ¿No sería razonable cerrar el CNP y usar esos recursos para atender otras urgencias en ese mismo sector agrícola?

La legislación que organiza el Poder Judicial es fundamental para la salud de la república. Justicia pronta y justicia cumplida son de imperiosa necesidad, pero por el control del déficit fiscal no es posible suministrarle más recursos, abrir más salas o contratar más jueces. La modernización del Poder Judicial sin embargo es impostergable. ¿No debería separarse la administración del Poder Judicial de las funciones de justicia? Muchos de los problemas del Poder Judicial resultan de poner abogados a administrar y no a especialistas en administración.

Es menester una reelección de los magistrados más y mejor calculada. Nadie debería poderse reelegir indefinidamente. Reelecciones por veinte, treinta o cincuenta años no son ni por asomo saludables al Poder Judicial y a Costa Rica. ¿Cuál debería ser el plazo máximo de reelección de los magistrados? Hay que buscar equilibrio entre experiencia y nombramientos a plazo excesivo. ¿Puede el país seguir depositando en la Corte Plena la elección de jueces? ¿Deberían los jueces junto a los magistrados ser electos por la Asamblea Legislativa y tener un límite a su reelección? ¿No debería fortalecerse la Inspección Judicial para realizar un trabajo más riguroso en el control de los jueces y magistrados? ¿Porqué no hay alguna rendición de cuentas de los magistrados a su ejecutoria? ¿No es el momento de reformar la asistencia del estado para las pensiones futuras del Poder Judicial?

No es asunto de refundación, pero si es asunto de profunda actualización de instituciones claramente percibidas como en estado serio de necesidad de modernización y reforma. En todas ellas la oposición debería sumar sus capacidades y sus luces a las de gobierno para que los resultados sean los mejores posibles.

Costa Rica requiere de una reforma urgente del estado, de una profunda modernización de leyes y de instituciones consecuentes. Claro está que este proceso requiere de unidad nacional de objetivos, de trabajo serio y duro, no de insultos ni de descalificaciones. La reforma del estado es una prioridad de país que trasciende a los partidos políticos.