Reforma estatal, máquina del crecimiento

Lograr una adecuada organización del aparato estatal para que funcione como una máquina eficiente de última tecnología, y capaz de hacer crecer al país manteniendo siempre presente la óptica social, ha sido por muchos años una preocupación latente en el país.

Para nadie es un secreto que el Estado costarricense se ha convertido en un gigante que día a día crece, no solo en personal y cantidad de oficinas burocráticas, sino también en las obvias necesidades de recursos y por supuesto en trabas y reglamentos que lejos de facilitar las cosas, más bien terminan por entorpecer el adecuado funcionamiento del sistema sobre el cual ha sentado sus bases este país.

El Gobierno acaba de anunciar que a partir de febrero arrancará con un plan de reforma estatal que abarcaría tres áreas principales: una revisión del marco regulatorio a nivel de empleo, cambios administrativos para evitar la ineficiencia y la dispersión institucional y la adecuada gestión pública mediante una planificación mejor concebida.

Todo ello suena loable; sin embargo, las experiencias del pasado nos han heredado reformas inconclusas, que no han pasado más allá de un gran reacomodo laboral y que se han quedado cortas en materia de mejora regulatoria, evitando la agilización de los procesos administrativos necesarios para que el país crezca a un ritmo más acelerado.

A prácticamente dos años de unas nuevas elecciones, pareciera que la decisión de entrar a discutir un proceso integral de reforma estatal resulta tardío, sobre todo porque la temperatura de un nuevo proceso electoral pronto comenzará a subir y se corre el riesgo de que muchos de los cambios que se planean sean víctimas de una combustión adelantada al calor de los intereses electorales, sobre todo si se toma en cuenta que vendrían posibles reformas a nivel constitucional.

Aun así, hacemos votos por que las reformas que se vayan a plantear permitan abrir una nueva trocha en la cual se construya la autopista hacia un modelo de Estado ágil, eficiente, y que mantenga la fiscalización necesaria que evite que la corrosión ocasionada por actos corruptos, atrasos y excesiva burocracia, dañen la maquinaria del desarrollo costarricense.