¡Qué no nos engañen!

Mucho se ha hablado sobre el proyecto que se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y es el tema que quiero poner en la mesa, tratándose de una propuesta que pretenden varios diputados, de ponerle un límite a las tasas de interés que se cobran en el sistema financiero nacional. ¡Qué no nos engañen con esto!

A plena vista, es un proyecto que debería de agradarle a todos los y las costarricenses, sin duda alguna muy popular y podría creerse que nos beneficiará a todos, sin embargo, es momento de desmentir engaños en los que han hecho caer y sobre algunos de los mitos que existen en torno a esta iniciativa.

Los defensores del proyecto dicen que los más beneficiados serán los consumidores, sin embargo, lo que no les dicen, es que al fijar un tope bajo de tasas de interés las operaciones de crédito de las personas que se califican como más riesgosas, serán excluidas de las oportunidades de financiamiento. Los intermediarios financieros descartarán a los clientes que les podrían generar costos o pérdidas que estén por encima del tope fijado. La población más afectada sería aquella con menos capacidad económica.

Como consecuencia directa, la población que se verá excluida por la fijación de estos topes acudirá al mercado informal. Las necesidades de financiamiento de las personas no desaparecen. Por lo tanto, los verdaderos ganadores de este proyecto serán los prestamistas informales, aquellos de los que no sabemos de dónde viene el dinero, los de transacciones en efectivo, los cuales podemos llamar narco-crédito.

Un aspecto del que no se ha hablado mucho y que sin duda alguna es de gran importancia para todos, es el impacto que va a tener el proyecto sobre la recaudación fiscal. Todos esos créditos de la informalidad pierden la posibilidad de incluirlos en la red tributaria. Además, el aumento en el uso de efectivo provocaría una disminución en el uso de medios digitales de pago, lo que también afectaría la recaudación y trazabilidad.

Además, es importarte recalcarle a los costarricenses que la ley no es retroactiva, es decir, no es verdad que, si se llegara a aprobar este proyecto a las personas que actualmente tienen créditos se les bajaría su tasa de interés. Algunos pensarán, “eso no importa, puedo pedir otro crédito con la nueva tasa para refinanciar mis deudas”, pero eso no es así realmente, porque no están considerando el hecho de que es posible que ahora ni siquiera sean sujetos de crédito, por las razones anteriormente explicadas.

Por último, hay que recalcar que es una irresponsabilidad pretender que la Asamblea Legislativa fije los límites a las tasas de interés, debemos entender que éste es un Órgano Político y ésta potestad debe de ser del órgano técnico, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) o la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), de manera que la Asamblea Legislativa debe de instruir a estos órganos a delimitar esta tasa.

La mejor manera de proteger a los consumidores, es promoviendo una mayor competencia en el mercado financiero en el país, ésta es la verdadera solución para bajar las tasas de interés. Además, se debe trabajar en el fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC). En este sentido presenté el proyecto 21.213. “Ley de Defensa del Consumidor de Productos y Servicios Financieros” que exige a toda entidad que otorgue préstamos, reportarlos ante el CIC. Esto ayudará a llevar un control eficiente y veraz del endeudamiento real de los costarricenses, así no podrían adquirir más créditos de los que puedan pagar.

Como diputada de la nación continuaré defendiendo mis luchas en defensa de toda la ciudadanía, la familia costarricense y de su bienestar.

María Inés Solís

Jefa de fracción

Partido Unidad Social Cristiana