¿Por qué existen los Estados?

Los Estados, tal como se conocen hoy en la sociedad occidental y moderna, son formas jurídicas adoptadas por los pueblos para ordenar el manejo de asuntos que, en común se ha consensuado, tienen una utilidad superior a la del costo de no contar con dicha estructura.

El Estado moderno es un ente de características abstractas, resultado de un acto de constitución mediante el mecanismo de la Constitución Política de un país, o territorio, en el que se definen las características propias de los límites geográficos, políticos y de distribución de las funciones.

La distribución de las funciones del Estado moderno se fundamenta en los principios básicos de la separación de las actividades diversas que debe tener un ente, para evitar los actos de concentración que podrían llegar a manifestarse en condiciones de abuso de poder.

Se contrapone a la figura del Estado como concepto de organización social, el totalitarismo, sea este parcial o total. Una concentración del poder en manos de uno o pocos individuos y en particular de instituciones, la gestión de las cosas del interés público.

Para que haya Estado debe haber una distribución funcional de pesos y contrapesos que permitan y sean garantes de que los poderes de uno no se están excediendo en perjuicio del otro Poder o, más grave aún, en condiciones que desmejoren las garantías de los gobernados por el Estado.

El Estado así entendido tiene una serie de mandatos para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Estos emanan de la constitución misma, que se manifiesta en la carta fundamental o constitución política del territorio.

Cuando se establecen estos roles se hace con el fin de atribuir a cada Poder las funciones que sean útiles y pertinentes según la doctrina de la cuestión pública.

Un Estado tiene el propósito de lograr que la convivencia de los habitantes sea la más armónica y coherente con los principios de bienestar resultantes de la equidad, la justicia, la solidaridad y la igualdad ante las leyes.

El Estado es un sujeto de imputación de derechos y de obligaciones que, como ente abstracto, se manifiesta mediante sus órganos, siguiendo estos los predicados de representación y representatividad de los que dan cuenta las características modernas de los estados democráticos.

Los Estados tienen su motivo de ser en el ordenamiento de los asuntos públicos. Sus cartas fundamentales detallan las funciones para promover, facilitar, evitar o vigilar que se cumplan asuntos necesarios para la satisfacción de las necesidades de la comunidad bajo su amparo.

El Estado tiene la responsabilidad de procurar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de orden jurídico para hacer viable el eficaz cumplimiento de los encargos incluidos en la Constitución Política. Sus funcionarios, como depositarios de poder instrumental, deben velar por el logro del cumplimiento de sus fines, tutelando de manera propia y apropiada los bienes jurídicos encomendados a la función estatal.

Dentro del proceso de discernimiento de qué funciones se le atribuyen al Estado y cuáles se dejan en manos de los actores de la sociedad civil, se debe mantener en el ámbito de una democracia representativa un principio de fundamental equilibrio.

De la confluencia que surge entre los límites de los actos y funciones del Estado, está la clara necesidad de entenderle como un instrumento al servicio de los habitantes. Son estos los que deben manifestar, a través de los órganos respetivos, las responsabilidades que la sociedad pretende cederle al Estado.

En tesis de principio todas las responsabilidades de una sociedad son de su colectivo, los habitantes, soberanos que depositan en las instituciones ordenadas en los Poderes del Estado ciertas funciones que no quieren, no pueden o no conviene al bien común, que se mantengan en la esfera de lo privado.

Es fundamental para este discernimiento tener claro que una tesis de esta naturaleza solo se puede atender como válida en las sociedades democráticas modernas, así como algunas variaciones de orden anacrónico que hacen coexistir a las democracias institucionales con las monarquías, aún en el siglo XXI.

Una vez definidas las responsabilidades que se le encomiendan a la función pública, se debe tener en consideración la correcta distribución en las ejecutivas, legislativas, judiciales y la conveniente separación de éstas de las funciones electorales. Una sociedad moderna que, para dotarle de recursos, hace surgir el derecho financiero público, que atiende los asuntos de los ingresos y gastos públicos

La necesaria dotación de recursos materiales es necesaria para que, mediante el uso racional de estos, se logre que los depositarios de la autoridad puedan dar cuenta de su gestión. Deberían atender con un adecuado equilibrio entre los recursos atribuidos y las funciones depositadas a título de mandato. Como sociedad siempre debería existir la clara consciencia de entender el Estado como uno de los agentes económicos más importantes de la economía.

Sin embargo, hay quienes confunden la condición estatal con la de gratuidad. Esta conveniente confusión lleva a que esperemos, como sociedad, que el estado haga, evite o promueva ciertos actos o conductas, por la mera conveniencia de que no le toque al actor económico privado asumirlas.

Es así como discursos de pacotilla y facilones hacen ver que es responsabilidad del Estado hacer lo que le manda la Constitución, pero sin dotación de recursos para que dichas funciones se lleven a cabo, dejando el medio para el cumplimiento de sus fines simplemente en condiciones de imposibilidad material de ejecución.

Tenemos quienes, a la vez, defienden el sentido contrario de facilidad de exigir sin dar, pasando pendularmente al otro extremo de la sociedad en la que se promueve exprimir al soberano, el pueblo que ha definido dotarse de un instrumento para el logro de sus fines, confundiendo fácilmente fin y medios; un aspecto que es tan grave o más grave que el primero.

Si vamos a gozar de un Estado como medio para la satisfacción de las necesidades definidas en los mandatos constitucionales dinámicos y necesarios, se le deben dar los recursos adecuados. Ese es el precio para nosotros, como beneficiarios del sistema estatal, siempre que seamos capaces de ver los beneficios de contar con un Estado. En el tanto estemos conscientes de que conviene a los interese del colectivo poner de manifiesto los principios de solidaridad y subsidiariedad del Estado para con quienes no cuenta con los medios adecuados, es propio que demos una mano para salir adelante.

Es claro, no hay fiesta gratis. Para cada ente creado para el cumplimiento de unos fines específicos, nos corresponde a todos, según nuestras capacidades contributivas, sostenerle por medio de cargas públicas.

Esta responsabilidad debe ser reglada. No puede ser atropellando los derechos de quienes “más tienen”, sino conforme los principios de tutela de la reserva material de ley, la certidumbre jurídica, la promoción de la actividad humana privada como medio de dignificación de la persona por su inherente condición. Podemos entonces entender que se debe guardar un equilibrio que separe a quien impone las cargas de quien las administra.

Estos fundamentos de la sociedad moderna dejan en manos del legislativo la responsabilidad de legislar y solo por ese medio, habida cuenta de la democracia representativa, que se puedan exigir tanto cargas fiscales como otras exacciones patrimoniales a los soberanos del Estado, que son sus habitantes.

Vemos cada vez con más preocupación la abusiva forma en que las Administraciones, mediante actos directos o indirectos, sean de orden para normativo los primeros o interpretativos los segundos, se entrometen en la reserva material de ley, en el abuso del derecho y la pérdida de la claridad instrumental que debe implicar la organización de la sociedad en su forma de distribución de cargas, responsabilidades y consecuentes costos entre los sectores públicos y privados.

Se hace urgente que los funcionarios entren a un curso intensivo de entender sus condiciones de depositarios de la norma que regula las relaciones en las sociedades modernas. Urgente que la borrachera del poder salga de las instituciones para que estas sean, como deben, instrumentos al servicio del soberano, que es el pueblo mismo, financiando estas responsabilidades con cargas fiscales equilibradas, equitativas y que dignifiquen la condición de quien se esfuerza cotidianamente por una vida con dignidad.