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En caso de ser declarado culpable por el delito de concusión, el presidente Rodrigo Chaves podría enfrentar una pena carcelaria que oscilaría entre dos y ocho años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
Se trata de un caso inédito en la historia de Costa Rica, ya que ningún presidente en ejercicio ha sido despojado de su inmunidad para enfrentar un proceso penal.
La acusación, presentada por la fiscalía y ratificada por la Corte Plena, ya se encuentra en la Asamblea Legislativa para el trámite correspondiente.
Según la ley, a los legisladores les corresponde analizar el caso y ratificar con 38 votos que hay suficientes elementos para levantarle la inmunidad al mandatario para que proceda el juicio penal.
La inmunidad, es un privilegio que gozan diputados, vicepresidentes, ministros y el presidente para que ejerzan sus funciones sin problemas legales.
En el caso hipotético de que Chaves renuncie a la presidencia como se ha especulado en las últimas semanas para postularse como legislador a partir del próximo año, la denuncia por concusión se tramitaría en un tribunal ordinario y no sería necesario que el Congreso tome una decisión, ni tampoco que la Sala III sea la encargada del juicio.
En ese sentido, diputados del PLN, PUSC y Frente Amplio han señalado que analizarán el caso de manera objetiva y lejos de cualquier veneno político-electoral.
“La solicitud del levantamiento de la inmunidad es un hecho único y de enorme trascendencia para la democracia. En momentos como este, la responsabilidad con la institucionalidad y el respeto a la separación de poderes deben prevalecer sobre cualquier interés particular. Costa Rica merece un proceso transparente, sin presiones, ni interferencias y que se rindan cuentas a la ciudadanía”, aseguró Óscar Izquierdo, diputado de Liberación Nacional.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut), durante el actual mandato presidencial por un monto superior a los $400 mil.
Según la tesis de la fiscalía, Chaves y Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación, habrían intercedido para que el empresario Christian Bulgarelli Rojas, a cambio del contrato, le entregara al también imputado Federico Cruz, asesor personal y amigo del presidente, unos $32 mil.
La denuncia ha sido cuestionada por el propio mandatario y Pilar Cisneros, mano derecha del presidente en el Congreso.
“Otra sacada de clavo del fiscal mentiroso Carlos Díaz. A ver, ¿qué tiene que ver el presidente Chaves en esto?”, expresó Cisneros. “¿Quién llevó a Christian Bulgarelli a Casa Presidencial? La entonces ministra de Comunicación Patricia Navarro. ¿De quién era amigo Christian? De Patricia Navarro. ¿Conocía el presidente Chaves a Christian Bulgarelli? No, en su vida lo había visto. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién cometió el delito? Evidentemente el presidente no”, sentenció Cisneros.
Hasta el momento, el presidente Chaves ha señalado que Bulgarelli un día dice una cosa y otro día otra cosa, por lo que no es un testigo fiel y solo está tratando de evadir su responsabilidad.
El código penal de Costa Rica establece una grave pena para el funcionario público que cometa el delito de concusión.
Estos son los detalles:
La investigación, se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut)., durante el actual mandato presidencial por un monto superior a los $400 mil.
