Pese al aluvión de denuncias, 80% de los casos de violencia doméstica en Costa Rica no llega a juicio
Más de 80 mil denuncias se presentan al año, según el V Informe Estado de la Justicia
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Aunque cada año miles de mujeres costarricenses acuden al sistema judicial para denunciar situaciones de violencia doméstica, la gran mayoría de estas denuncias nunca alcanza una sala de juicio.
Según revela el V Informe Estado de la Justicia, el 80% de los casos de violencia doméstica y de género terminan siendo desestimados, archivados o sobreseídos, dejando a las víctimas sin la protección judicial que buscan.
El informe, basado en el análisis de 286 expedientes finalizados entre 2019 y 2022, pone en evidencia las debilidades estructurales que enfrenta el Poder Judicial en el tratamiento de estos delitos.
A pesar de que entre 2017 y 2022 se implementaron 221 medidas legales y normativas para mejorar la respuesta a la violencia contra la mujer, persisten serias fallas en el proceso judicial.
Entre los principales obstáculos identificados están el escaso uso de pruebas periciales, la falta de información adecuada para las víctimas, los riesgos constantes de revictimización y los prolongados tiempos de espera en las etapas procesales.
Denuncias masivas
En 2022, el Poder Judicial recibió más de 34.600 denuncias relacionadas con delitos sexuales y los contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, vigente desde 2007. Si se incluyen los casos de violencia doméstica, la cifra supera los 80.000 expedientes anuales.
Sin embargo, el informe advierte que incluso estas cifras podrían estar subestimadas, debido a que muchas víctimas no se atreven a denunciar.
A pesar de la masiva presentación de denuncias, apenas el 13% de los casos llega a la etapa de juicio. El resto queda en el camino por distintas razones: archivo por no identificar a un sospechoso, desestimación por falta de pruebas o ausencia de delito, o sobreseimiento cuando hay dudas sobre la autoría o el vencimiento de plazos legales.
El informe cuestiona la efectividad del sistema judicial costarricense para garantizar la tutela de los derechos de las mujeres, a pesar de los avances legislativos registrados en los últimos años.
