“Narco” a un paso de financiar campañas políticas por descontrol

Durante los seis meses que dura la campaña política -al contemplar una segunda ronda –, las agrupaciones criminales ligadas al narcotráfico podrían lavar miles de millones colones.

Y es que el sistema de deuda política que utilizan los partidos para financiar sus operaciones de campaña, es altamente vulnerable al ingreso de capital ilícito, advierte Estado de la Nación en su más reciente informe dado a conocer anoche.

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Esto se debe a que el sistema actual se enfoca en la rendición de cuentas de los gastos que hacen los partidos, a la vez que deja prácticamente por la libre el origen de los recursos, de acuerdo con Rónald Alfaro, encargado del área política del Estado de la Nación.

“El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho un gran esfuerzo para transparentar la información sobre cómo gastan los partidos el dinero, pero los mismos controles no existen para saber de dónde provienen esos recursos, entonces existe un gran riesgo de que los partidos estén recibiendo dineros de fuentes de dudosa procedencia”, agregó Alfaro.

Para las elecciones presidenciales, los partidos se nutren de donaciones (13%), recursos propios (34%) y endeudamiento (53%).

En ese sentido, se podría dar el caso de que aparezca una persona con interés de comprar bonos de deuda política y como no hay mayores controles, los partidos aceptan y terminan por lavar el dinero sucio de manera indirecta.

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Posteriormente, las organizaciones criminales pueden cobrar ese dinero más un interés, cuando se cancela la deuda política, que es la contribución que hace el Estado a los partidos para que financien sus operaciones y que solo se otorga a las agrupaciones que suman más del 4% de los votos válidos para presidente, o bien, a los que eligen al menos un diputado.

En un caso extremo, los criminales podrían lavar el equivalente a ¢19 mil millones, al suponer que logran financiar a todos los partidos que posteriormente recaudan la deuda política.

Por otra parte, también se podría dar el caso de que un criminal haga donaciones a un partido, con el objetivo de posteriormente verse beneficiado de alguna manera.

En ese sentido, las autoridades judiciales ya han advertido del peligro del narcotráfico en la política.

“Es muy usual que los narcotraficantes compren conciencias en todos los poderes de la República, para obtener favores”, dijo Wálter Espinoza, director del OIJ en una comisión legislativa a inicios de octubre para referirse a este tema.

Por otra parte, la semana pasada, Eduardo Cruickshank, candidato a la presidencia por Restauración Nacional, le solicitó a Manuel Acón, quien aspira a ser diputado por Guanacaste de ese partido, que dimita a sus aspiraciones, ya que el OIJ alertó de que él había mantenido diversos contactos telefónicos con un hombre considerado líder de una banda narco que fue desmantelada en días anteriores y que utilizaba las licitaciones públicas del AYA para lavar su dinero.

Asimismo, el Congreso lideró una investigación política para determinar la participación del narco en la política y en las municipalidades este año.

Por otra parte, la posibilidad de que el dinero ilegítimo ingrese a campaña es factible, si se considera que los partidos tendrían dificultades para acceder a préstamos e incluso a la situación país, en donde se reducirían aún más las donaciones.

Anteriormente, el TSE se había referido al tema.

La contribución estatal no llega en modo oportuno ni equitativo a los partidos políticos que, no obstante, tienen costos crecientes cada campaña electoral para enfrentar su desafío en la competencia por el poder político, dijo el TSE.