Un día sí y otro también leemos y escuchamos críticas por la presunta ausencia de “justicia pronta y cumplida” en Costa Rica. Las críticas al Poder Judicial han arreciado en los últimos años, pero no así las soluciones a los presuntos problemas apuntados por los detractores. Se critican los sueldos y las pensiones judiciales, pero ¿una rebaja de ambos haría más pronta, más justa, más cumplida a nuestra justicia y a sus procesos? La mora judicial tiene muchas diferentes causas y dentro de ellas hay una de importancia, la situación económica interna de país. Todos los casos judiciales tienden a aumentar en razón de la realidad económica de la comunidad. La mora judicial y sus causas se atribuyen a corrupción y nadie entra a explicarla sin desvirtuar en lo fundamental la narrativa de quienes buscan desacreditar el Poder Judicial.
La ciudadanía debería conocer los diagnósticos que existen respecto del funcionamiento del Poder Judicial. Hasta el momento lo que hemos podido leer son descalificaciones para unos pocos magistrados y la generalización hacia el resto del aparato judicial. Se menciona el nombre del extraditado dando a entender que el mismo fenómeno acontece con las demás salas y magistrados.
Hay una lucha entre el Poder Ejecutivo y los magistrados de la Corte por el garantismo. El primero desea y propugna que se puedan detener presuntos delincuentes sin orden de un juez, que se puedan encarcelar de manera preventiva sin mayor explicación a quienes la autoridad de policía considere que deben de estar encarcelados sin pruebas y claro sin garantías. Pareciera que la presunción de inocencia se desea erradicar.
Se construye una ampliación de la Reforma, para alojar allí a las personas que el Ministerio de Seguridad ha sindicado como delincuentes peligrosos. El señor Ministro ya tiene listas y ha calculado en unas cuatrocientas personas los blancos de detención, sin más que su voluntad.
¿Cuál es el diagnóstico del Poder Judicial? ¿Tenemos un diagnóstico de los cambios que deben de introducirse para que funcione dicho poder con eficiencia y recuperemos la justicia pronta y cumplida? Han crecido los casos y el número de jueces ha permanecido muy estático. Ha aumentado la complejidad de los casos y el número de los magistrados en las diferentes salas han sino apenas cambiados. El Ministerio Pública está corto de fiscales y de asistentes en sus pesquisas. Cortos en sus recursos los tribunales no pueden dictar sentencia con la rapidez deseada. Eso no es problema entonces solamente de jueces y magistrados, es problema de recursos.
Cuando se detienen personas presumiendo que son criminales y se encarcelan sin juicio, sin seguir el debido proceso conforme a la ley, podrían colarse dentro de estas personas detenidas y encarceladas alguno que otro opositor político del régimen como ha sucedido en otros países. Detener y encarcelar sin más acaba con el principio de presunción de inocencia.
¿Deseamos justicia pronta y cumplida o deseamos encarcelar personas sin plazo de excarcelación y sin procedimientos ni culpabilidad clara? ¿Deseamos soluciones razonables y de permanencia o seguir con una narrativa fácil y atribuyendo culpas? Si deseamos justicia pronta y cumplida estudiemos detenidamente el diagnóstico de los problemas del Poder Judicial y construyamos soluciones a los problemas de dicho poder.
Muchos desean borrar la presunción de inocencia de nuestro sistema legal a pesar de ser un derecho humano y de estar contenida dicha presunción en la Constitución Política y en el Protocolo de San José. Esas personas desean establecer la presunción de culpabilidad para todos.
¿Deseamos un Código Penal y un Procesal Penal menos garantistas? Yo querría leer a quienes sostienen dicha tesis señalar cuáles leyes, plazos de pena y otros detalles desean ellos cambiar. ¿Deseamos más celeridad en los juicios? Discutamos cuáles son los cuellos de botella que demoran las sentencias y evitan las condenatorias.
Hay que guardar prudencia sobre qué deseamos, qué problemas buscamos abordar y resolver y las soluciones para que dichos problemas sean atendidos. Debemos discutir problemas y soluciones, debemos resolver entre todos esta problemática. Debemos entender muy bien y en profundidad a qué nos enfrentamos.
¿Las cárceles no son las adecuadas? ¿Existe hacinamiento? ¿Las estructuras no son las debidas? Es menester determinar si ese problema existe y construir unas instalaciones adicionales. Claro muchos dirán que el gobierno y adaptación social no tienen los recursos, que el déficit fiscal debe de cuidarse. Todo ello es cierto, por lo que debemos ser cuidadosos de a quienes señalamos como responsables.
Los delincuentes encarcelados y aquellos en proceso de ser juzgados y condenados tienen sus derechos humanos incólumes. Todos son inocentes hasta que sean juzgados y condenados sin apelación. Esto no es pensar más en los derechos de los delincuentes que en aquellos de las víctimas. Esto es asunto de pensar y construir un sistema en justicia y proporcionalidad.
El tema de la justicia no es sencillo de abordar ni de resolver. El tema de la justicia va más allá de las pensiones del Poder Judicial o de los sueldos de algunos. Va más allá de construir unas cuantas cárceles. El tema de la justicia pronta y cumplida se interna en los Códigos Penal y Procesal Penal. Un análisis del garantismo es indispensable con la seriedad y la reflexión debida para asuntos de esta naturaleza y envergadura. El análisis también debe de hacerse de la narrativa y del interés político del gobernante de turno. Este no es un tema de escándalo político o electoral, es un tema de raíz de nuestro sistema democrático y como tal debe de ser abordado.





































