MOPT desmiente sobreprecio en vía a San Ramón

La aseveración de que la “carretera a San Ramón, tendría un sobreprecio de $210 millones, el cual al eliminarse permitirá reducir en un tercio el monto eventualmente pagadero por los usuarios”, del Artículo “Vía a San Ramón tendría sobreprecio”, publicado en La República en fecha 5 de noviembre de 2013, así como el texto de portada: “Existe un sobreprecio en el costo de la vía a San Ramón, que debería costar $450 millones y no $650 millones”, son absolutamente incorrectos y conducen a peligrosas equivocaciones.
Todo lo contrario, se ha determinado que el precio cobrado por el concesionario a cargo de dicho contrato es menor a las proyecciones de lo que costarán dichas obras cuando se liciten nuevamente.
Se desconoce qué recurso informativo empleó La República para llegar a tan errada conclusión, pero se desmiente que exista una valoración oficial de CONAVI en dicha línea. Lamentamos que fuentes oficiales no fueran consultadas, pudiendo habérseles aclarado antes de informar tan equivocadamente.
Funcionarios del MOPT y de CONAVI han trabajado en los presupuestos de varios escenarios de obras por ejecutar, dentro del esfuerzo del Gobierno de ofrecer al país una alternativa para la modernización de tan importante vía, habiéndose incluso presentado dicha información a agrupaciones ciudadanas de la zona de influencia de San José – San Ramón.
Se han manejado distintos escenarios de inversión, algunos de ellos con más obras que las cubiertas por el fenecido contrato de concesión, otros de ellos con menos obras. Se cubrieron varios escenarios para calcular los correspondientes peajes, buscando precisamente que dichas tarifas estuvieran dentro de los rangos que los mismos ciudadanos de la región de influencia plantearon, por cuanto el Gobierno tiene claro que es menester retomar el proyecto con tarifas de peaje menores.
Pese a que finalmente se descartó la opción de menos obra, por cuanto las comunidades merecen la mejor carretera factible y en vista de que existen mecanismos para reducir las tarifas de peaje sin afectar los alcances del proyecto, en una oportunidad se presentó un avance de costos para un escenario de muchas menos obras que el contrato de concesión, habiendo excluido, para dicho ejercicio, varios pasos de desnivel y muchas de las ampliaciones que el contrato de concesión originalmente contemplaba. Así, ese proyecto con menos ampliaciones, menos pasos a desnivel, sin costos de conservación de ningún tipo para 30 años (no calculados en ese momento), sin diseños y adoleciendo de muchos otros gastos logísticos, terminó costando menos que los $479,8 millones pactados en el contrato de concesión, por la sencilla razón de que es otro proyecto con menos obra y sin costos de conservación.

(aquí este foro debe pasar a la siguiente página)

Reitero que no es posible comparar el costo de las obras de este escenario con el proyecto del contrato de la concesión y sus respectivos costos pues son dos proyectos diferentes y por tanto la comparación no solo no es viable sino incorrecta, improcedente y peligrosa, pues existen denuncias penales que involucran a todos los funcionarios públicos que participaron en el proyecto, mismo para el cual, a la fecha, nadie ha identificado irregularidad alguna legal o técnica, más que la impopularidad del peaje.
Lo que La República omitió mencionar en su nota es que una vez que se consideraron las mismas obras contempladas en el contrato de concesión y se incorporaron los costos de conservación, el valor de la inversión fue mayor incluso a los poco más de $479,8 millones que correspondían a las obras y equipamiento dentro del contrato de concesión. Igualmente desconocemos por qué La República comete el yerro de reportar el monto completo de la concesión de $650 como si fuera la inversión total de las obras.
Se aclara que este monto incluye además el costo de la obra, el costo de los diseños, expropiaciones pagadas por el concesionario, reubicación de servicios públicos, gastos de administración, seguros y gastos financieros, y en el caso de los costos financieros que representan una cantidad muy significativa, nunca se autorizó que fueran cobrados o recuperados por medio del cobro de los peajes, es decir, lo único autorizado por el contrato a recuperar vía peajes son el costo de las obras de $479,8 millones, más los diseños, expropiaciones y reubicación de servicios públicos.
Como corolario de la errónea interpretación de La República, se indica que hay un informe de la Universidad de Costa Rica publicado en julio pasado que coincide con el de CONAVI, omitiendo informar que dicho informe se refiere solamente al costo de la ampliación de la superficie de ruedo de la carretera, sin incluir los costos de los pasos a desnivel, nuevos puentes, muros de retención y muchas obras adicionales que sí estaban incluidos en los $479,8 millones de inversión aprobada en el contrato de concesión.
De la simple lectura del informe del LANAMME de la UCR se desprende la serie de limitaciones de tal estimación, reconocida explícitamente por ellos, y no citada por ustedes en su nota, máxime que estimaron un costo por kilómetro de carretera, sin detalles ni obras complementarias.
Conscientes de que no hay mala intención en lo presentado por La República y que rectificarán el error en que están haciendo caer a la opinión pública, nos permitimos instarlos enfáticamente a que se publique el presente derecho de respuesta en su totalidad y en un sitio destacado de la edición de ese medio.

José Chacón Laurito
Ministro a.i
Ministerio de Obras Públicas y Transportes