Mercado no es sinónimo de competencia

Una reforma eléctrica no se mide por los nuevos mecanismos que introduce, sino por la arquitectura de responsabilidad que diseña.

Algunos debates públicos pueden volverse pequeños demasiado rápido. Empiezan con una pregunta de país y terminan reducidos a bandos: apertura o defensa, público o privado, mercado o monopolio, modernización o riesgo.

Una reforma eléctrica no puede entenderse desde una consigna, no basta con estar a favor o en contra para comprender lo que realmente está en juego.

El sistema eléctrico no es un sector cualquiera, es la infraestructura en la que descansan la productividad, la industria, los hogares, los hospitales, los datos, la movilidad, la inversión y la competitividad de un país.

Dicho esto, antes de sumar más opiniones, quizá conviene hacer algo menos escandaloso, pero más necesario: hacernos mejores preguntas.

Desde el derecho y el negocio de la energía, hay una lección que aparece una y otra vez en los mercados más experimentados: los mercados eléctricos no fallan solo por falta de generación, también fallan cuando sus incentivos, responsabilidades y reglas no están bien alineados.

En ese sentido, la conversación no debería enfocarse en si Costa Rica debe modernizar su sistema eléctrico, ese debate, en realidad, ya está superado.

La pregunta que deberíamos estarnos haciendo como país, es otra: ¿qué arquitectura institucional necesitamos para que esa modernización sea sostenible y no termine resolviendo un problema inmediato mientras crea otros más difíciles de corregir?

Un mercado por sí mismo, no es sinónimo de competencia efectiva, porque puede existir formalmente y aun así concentrar poder.

Modernizar no es introducir nuevos mecanismos, es diseñar accountability: diseñar la responsabilidad trazable sobre quién decide, quién paga, quién asume el riesgo y quién responde cuando el sistema falla.

Cuando una propuesta incorpora mercado, subastas, contratación de capacidad, servicios auxiliares y nuevas funciones institucionales, la conversación no debería limitarse a si esos instrumentos suenan modernos, debería preguntarse si están estructurados para producir competencia efectiva, inversión responsable y seguridad operativa.

Una reforma puede hablar de sostenibilidad, menor costo, nuevas tecnologías y competencia, pero si no define con claridad quién decide, quién paga, quién asume el riesgo y quién responde cuando el sistema falla, la modernización puede quedarse en lenguaje.

Las preguntas relevantes, no son decorativas, son estructurales:

¿Estamos creando competencia efectiva o introduciendo mecanismos competitivos dentro de una arquitectura con fuerte coordinación central? En un sistema eléctrico moderno, coordinar es indispensable, pero concentrar demasiadas funciones en un solo actor puede ser riesgoso.

¿Dónde termina la coordinación técnica y donde empieza la concentración institucional? ¿Quién vigila al que coordina? ¿Quién controla al que administra el mercado?

Estas no son preguntas administrativas, son preguntas de gobernanza nacional.

Costa Rica no necesita copiar modelos externos, ni importar palabras sofisticadas de otros mercados como si las instituciones fueran piezas intercambiables, necesita entender qué problemas resolvieron esos modelos, qué controles diseñaron, qué incentivos corrigieron y qué condiciones institucionales hicieron posible que los mecanismos funcionaran.

El punto de partida no es si queremos electricidad confiable, limpia, suficiente y de calidad, porque eso lo queremos todos. La verdadera decisión es qué modelo institucional necesita el país para garantizarla: qué rol debe asumir el Estado, qué espacio debe ocupar el mercado, cómo se asignan los riesgos y qué controles protegen el interés público.

Sin esa definición, cualquier mecanismo puede parecer moderno sin necesariamente responder a una visión clara de país.

La discusión sobre el proyecto número 23.414 de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, no debería solo evaluarse por la cantidad de nuevos mecanismos de mercado que incorpora, sino por la calidad de arquitectura de sistema que crea, porque no basta con declarar competencia, hay que diseñar las condiciones bajo las cuáles competir no destruya confiabilidad, inversión, ni responsabilidad; no basta con introducir nuevos actores, hay que definir cómo interactúan, quién los supervisa, qué incentivos los mueven y qué consecuencias enfrentan cuando sus decisiones afectan el sistema; no basta con prometer menor costo, hay que preguntarse quién lo absorbe.

Costa Rica no necesita una discusión más sobre quién tiene la razón, necesita una conversación más madura, sobre qué diseño institucional puede ordenar, proteger y proyectar su futuro eléctrico, porque el verdadero riesgo no está en hacerse preguntas difíciles antes de reformar, es reformar sin habérselas hecho.