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Bonos de infraestructura

La lamentable situación vivida en el país con los fuertes aguaceros, así como las graves consecuencias económicas, sociales y en vidas humanas que estos provocaron, hacen necesaria la adopción de medidas que corrijan tal escenario. Una de las áreas más prioritarias en este asunto es la inversión en infraestructura pública, lo cual nos lleva al eterno debate sobre cómo y de dónde conseguir el dinero necesario, particularmente en las cantidades que se requieren, y que, de manera simultánea, no se provoquen efectos negativos sobre el déficit fiscal del país y se mejore nuestra competitividad.
Lo anterior, así como la experiencia de otros países en este campo (Chile, México, España, etcétera), hace necesario explorar esquemas de financiamiento más allá de los tradicionales créditos bancarios, sean locales o internacionales. Una emisión de bonos de infraestructura por parte de las empresas privadas a las que se les asigne este tipo de obras, puede realizarse tanto en el período pre-operativo (project finance) como en la etapa en que las carreteras y puentes ya estén en operación (revenue bond).
Frente a las experiencias vividas en los últimos meses con el problema de la Autopista de Caldera, debe quedar claro que una implementación de este modelo puede estructurarse estableciendo las disposiciones legales y administrativas que el Estado, como ente interesado, considere convenientes. Así, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas de Chile, por razones de interés público, exigió a las empresas emisoras considerar en la estructuración de las obras una serie de condiciones legales y financieras que le permitieran al Estado cubrir a cabalidad riesgos relevantes, sobre todo sobrecostos y sobreplazos, e incluso el Estado se reservó la posible administración o concepción de las obras terminadas.
Finalmente, y desde el punto de vista del mercado financiero, es importante reconocer que la emisión de este tipo de valores podría ser el vehículo esperado para lograr canalizar el dinero que las operadoras de pensiones de nuestro país tienen invertido —en forma concentrada— en títulos del Estado. Para lograr una cobertura sobre la recuperación futura de esas inversiones, especialmente para la masa de pensionados del futuro, el modelo propuesto se complementa con la emisión de seguros o de una póliza de garantía, irrevocable e incondicional, otorgada por una compañía aseguradora local, en conjunto con una aseguradora internacional (reaseguro), donde se garantice el pago íntegro de los bonos emitidos. Definitivamente, las actuales circunstancias exigen la necesidad de explorar caminos alternativos a los ya utilizados, y, así como sucede con toda nueva experiencia, la desconfianza sobre este tipo de propuesta se irá despejando a medida que se haga el primer intento.

Melizandro Quirós
Economista



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