Mejora al Sistema de Banca de Desarrollo

La mejora continua debe ser uno de los pilares de la búsqueda de la calidad, eficiencia y satisfacción de los clientes.

Las organizaciones públicas no están exentas de implementar procesos estructurados para perfeccionar su rendimiento operativo, aunque estamos conscientes de que las leyes, normativas y directrices en este sector inciden en que cualquier mejora sea lenta, en comparación con el sector privado.

Si a lo interior le añadimos la burocracia y falta de voluntad política, entonces estaremos condenados a mantener un estado que no coadyuda de la forma adecuada y mejor a sectores de interés, como las Mipymes.

En el Día Internacional de la Mipyme, -hoy 27 de junio-, no hay forma de poder hablar de apoyar, impulsar y desarrollarlas estables, fuertes e innovadoras si no nos referimos al acceso al crédito, y específicamente, a nuestro Sistema de Banca de Desarrollo, SBD.

Desde hace más de una década se ha hablado de las debilidades del SBD, y aunque las cifras evidencian que desde su creación, en el 2008, hasta finales del año pasado, ha otorgado ¢1,6 billones a casi 61.000 clientes, el impacto parece ser débil.

No existe una conferencia, charla, conversatorio y encuentro de Mipymes en donde no se critique arduamente al SBD. En un momento - hace algunos años-, en este mismo foro lo llamé ”Realismo mágico”.

Pero hoy no quiero hablar de las deficiencias del SBD que se han publicado enésimas veces en este diario y en otros. Brindo cuatro propuestas (bien discutidas con versados en el tema) que espero sean consideradas por los miembros del Consejo Director y la dirección ejecutiva de este mecanismo de financiamiento para Mipymes. Estas son:

1. Modificar definición de Pymes: hoy se pondera entre empleados, activos y ventas (art. 6 ley SBD y otras). En otros países, utilizan solo número de empleados (1 a 10 micro, menos de 50 pequeña, 50 a 250 mediana). Busquemos la forma más ágil para identificarlas; acortemos los procesos.

2. Modificar artículo 18: !los avales!, cuando hay insuficiencia de garantías el aval se aplica solo si no los tienes, debería de darse aunque se tenga alguna garantía. Esta medida ayudaría a muchas familias que solo poseen su hogar como único bien prendario.

3. Incentivar Ley N° 9246: motivar en los agentes autorizados, la utilización de la ley de garantías mobiliarias, asimismo, establecer programas claros para el descuento de facturas y contratos. Es una forma de demostrar credibilidad, solvencia y genera empatía, al demostrar que otros (cliente de Mipyme) confía en su empresa.

4. Ajuste al reglamento: permitir que con recursos de Banca de Desarrollo las Mipymes puedan cancelar deudas en el Sistema Financiero Nacional que sean más caras, para aliviar flujo de caja. Para aquellos recursos cuyo origen no provenga de la captación de recursos públicos (líneas del exterior, donaciones internacionales, etc.), pueda aplicarse una supervisión diferenciada por parte de SUGEF. Recordemos que un flujo de caja adecuado ayuda a anticiparnos a los problemas, además de cumplir con los compromisos económicos en forma puntual.

A estos cuatro puntos prioritarios podemos añadir otros, como la conversión de créditos en dólares a colones para familias y empresas que no tienen ingresos en esa moneda y permitir financiar proyectos o iniciativas conjuntas entre pymes y otras empresas de mayor tamaño, que propicien encadenamientos y fortalecimientos. Este último requeriría enmienda a la Ley del SBD.

En un video durante la campaña presidencial, en el que Rodrigo Chaves afirmó que el SBD no existía, dijo, -y cito,- que no era ”ni un banco …y de desarrollo no tiene nada que ver”. Esta es su oportunidad para que demuestre lo que puede hacer para lograr una buena banca de desarrollo.

Las implicaciones para los bancos son otro motivo de preocupación. El aumento de las insolvencias de pequeñas y medianas empresas podría desencadenar incumplimientos de pagos y provocar cancelaciones de deuda importantes, lo que mermaría el capital de los bancos. En los países duramente afectados —principalmente del sur de Europa—, los coeficientes de capital de nivel 1 de los bancos (un indicador clave de su solidez financiera) podrían disminuir en más de 2 puntos porcentuales. Los bancos más pequeños se verían incluso más afectados, ya que suelen especializarse en prestar a empresas más pequeñas: una cuarta parte de estos bancos podría sufrir una caída de al menos 3 puntos porcentuales en sus coeficientes de capital, mientras que el 10% podría afrontar una caída incluso mayor, de al menos 7 puntos porcentuales.

Inyecciones de «cuasi»capital

En comparación con crisis anteriores, en esta ocasión el argumento a favor del respaldo público a la solvencia es más claro. Dada la enorme magnitud del problema, los costos de las quiebras para la sociedad superan con creces los costos para los deudores y acreedores individuales. Por ejemplo, si los tribunales se ven desbordados por una ola de insolvencias, es posible que reestructuren las empresas viables y que en cambio las empujen hacia la liquidación. A esto le seguirían pérdidas excesivas en las redes productivas de valor, el capital humano y el empleo.

En la práctica, los países con grados adecuados de espacio fiscal, transparencia y rendición de cuentas podrían considerar inyecciones de cuasicapital en las pequeñas y medianas empresas. De hecho, varios países ya están estudiando esta posibilidad, especialmente en Europa. Una opción es que los gobiernos amplíen los «préstamos participativos», mediante préstamos nuevos o la conversión de otros ya existentes. Estos préstamos podrían estar subordinados al resto de activos de deuda existentes y su pago podría estar indexado en parte a los beneficios de la empresa. Identificar las empresas que se han de focalizar —es decir, las insolventes a causa de la pandemia pero con modelos de negocio viables— es muy difícil. Por esta razón, los gobiernos podrían considerar poner como condición para su respaldo que los inversionistas privados (como los bancos) inyecten capital, con lo cual al mercado le correspondería tomar la iniciativa para decidir si una empresa es viable. Francia, Italia e Irlanda han propuesto o aprobado políticas para incentivar a los inversionistas privados a que contribuyan al capital. También, el apoyo podría escalonarse en el tiempo, disponiendo que los nuevos tramos se desplieguen solo si se disipan las dudas sobre la viabilidad.

Las inyecciones focalizadas de cuasicapital serían mucho más eficientes y potentes que el suministro de apoyo a todas las empresas. Las inyecciones generales (globales) benefician a dos tipos de empresas que no deberían recibir respaldo a la solvencia: las que no lo necesitan porque son solventes incluso en plena crisis, y las que hubieran sido insolventes incluso sin la pandemia y que también son menos productivas. Como muestra, un programa de apoyo focalizado con un presupuesto de aproximadamente medio punto porcentual del PIB global de los 20 países analizados devolvería a más del 80% de las empresas correctas (viables pero actualmente insolventes) a una situación de patrimonio neto cero (una definición mínima de solvencia). Esta cifra representa cuatro veces más de lo que se lograría con un enfoque global que apoyara a todas las pequeñas y medianas empresas sin distinción.