Más recursos para el Tribunal Ambiental

Afectación del bosque, tala ilegal, destrucción de zonas de recarga acuífera, terraceo en algunas montañas y construcción de calles en zonas no permitidas, son algunas de las acciones que detecta el Tribunal Ambiental y que se realizan al margen de la ley en el país, constituyendo un atentado al ambiente.

Como es claro, la encomiable labor de detectar estas irregularidades las realiza el Tribunal Ambiental, ya que no tenemos noticias de que, en general, las autoridades locales se estén destacando por una labor de este tipo a pesar de que les corresponde.

Sin embargo, a ese Tribunal, que trabaja con eficiencia, en vez de aumentársele los recursos como lo necesita para incrementar su desempeño, se le rebajarían, según parece, en un 50% de acuerdo con el Presupuesto para 2011 presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Costa Rica se promociona al mundo con discursos muy convincentes sobre nuestro amor a la naturaleza y nuestra protección a los recursos naturales, pero decisiones como la comentada, que afectaría al Tribunal Ambiental impidiéndole continuar funcionando como hasta ahora, se contradicen con esa retórica.

Se necesita un debate nacional para decidir qué quiere hacer el país y qué está ocurriendo en realidad en materia ambiental.

Las invasiones a las zonas de protección, decíamos en este mismo espacio en febrero de 2009, son viejos y frescos daños que con el tiempo han acabado en Puntarenas, por ejemplo, con cerca de 5 mil hectáreas de manglares, algunos de los cuales en aquel momento estaban a punto de desaparecer.

Costa Rica ha logrado una marca país en el mundo como destino turístico ecológico, pero tiene pendiente resolver serios problemas como la producción de gases de efecto invernadero, la gran contaminación de sus ríos con desechos humanos, detergentes y basura, lo cual afecta también a las playas haciéndolas menos atractivas para el turismo.

Los químicos utilizados para la agricultura son, aparentemente, productos aprobados para esos fines. Pero la realidad es que no se cuenta con personal suficiente para verificarlo y para ver si se usan en las cantidades debidas para que no constituyan un daño a la salud de la población al igual que los antibióticos y hormonas administrados a animales y aves cuya carne luego se comercializa. Esto también debe solucionarse.

Los problemas son muchos y, como decíamos, ameritan un amplio debate.