Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

Enviar
Miércoles 23 Mayo, 2012


Hablando Claro
Más que una trocha


Bajo el signo de la más emblemática de las campañas de nuestra historia patria (dicen que su nombre oficial es ruta 856 pero se le dio categoría de gesta al anteponerle el primer dígito) la vía 1856, es hoy objeto de vergüenza nacional; muestra de incapacidad de gestión de la cosa pública, de la ausencia de planificación, del abandono de los mínimos controles de fiscalización y por supuesto de la voracidad sin límites de los amasadores de negocios fáciles de empresas privadas; así dicho en términos tan ambiguos y generales a falta de puntualización oficial.
Desde que la Presidenta de la República anunció la destitución de Francisco Jiménez como titular del MOPT, resultó obvio que estábamos en presencia de un iceberg y de un propósito político de contenerlo. Al hacerlo, intentó quitarse de encima (al menos momentáneamente) el lastre de un gigantesco caso de corrupción propiciado por el diseño de la improvisación nacional. Y ante la constatación del despropósito, lo que ha habido hasta ahora son evasivas (la única que ha enfrentado a la prensa ha sido la Presidenta de la Comisión de Emergencias, cuyo cargo está en vilo) con el claro interés de desviar la atención y minimizar el tamaño del descalabro. Acaso para que no llegara hasta la misma casa de gobierno.
Sin embargo, la ahora exviceministra de Infraestructura, María Lorena López, puso el dedo en la llaga cuando afirmó que la Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad que ella presidía usualmente, no estaba enterada de cómo se manejaban los trabajos y que la Unidad Ejecutora del proyecto (a cargo del Ing. Carlos Acosta) respondía a una Comisión de Alto Nivel. Ella y su directiva se quejaron en marzo de la falta de información y cerraron la llave de paso del dinero. Demasiado tarde. Lo cierto es que en respuesta (o coincidentemente) días después dejó el cargo. En Hablando Claro nos hemos preguntado hasta la saciedad ¿quiénes conformaban esa Comisión de Alto Nivel gubernamental? ¿Quién era la autoridad política superior? ¿Dónde se realizaban las reuniones de seguimiento del proyecto? ¿Cómo fue posible iniciar la apertura del camino cuatro meses antes de que se emitiera el Decreto 36-440 MP que amparó bajo la figura de emergencia nacional la realización de una obra de infraestructura que terminó haciéndose con procedimientos de contratación ordinaria, pero sin fiscalización?
Habrá de correr mucha agua bajo los hechizos puentes de esta dolorosa vía de la improvisación nacional para que salgan a flote algunas de las respuestas a estas y muchísimas otras interrogantes sobre la Ruta 1856. Por ahora, hay un silencio que clama al cielo, por el descalabro y la mala hora en que se manoseó la Ley de Emergencia Nacional para dar cabida a un despropósito descomunal. Y ello no significa ser antipatriota o estar en contra de una vía paralela al San Juan. Es tan solo expresión de repudio al ver lo que se ha hecho con nuestro decoro nacional.

Vilma Ibarra