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Hay que poner en marcha un plan para proveer de empleo a los estudiantes que se gradúan y al resto de desocupados. Esto nos alejará de la criminalidad


Más educación y más empleo

La noticia de que se inyectarán $50 millones a las universidades públicas para que puedan ofrecer más y mejores servicios es muy buena, sin duda.
El crecimiento de la población exige un aumento en los servicios de educación, y el Estado debe proveerlos para que se complementen con la oferta privada a lo largo y ancho del territorio nacional.
Paralelo a esto, y a fin de que eso forme parte de una estrategia nacional para el progreso económico, la competitividad, la movilidad social y en general, una mejoría de la calidad de vida en el país, se deben hacer también otras cosas.
Una de ellas es poner en marcha un plan para proveer de empleo a todos esos estudiantes cuando se gradúan.
Para poder diseñar ese plan con fundamento, pareciera que, ante todo, habría que evaluar lo que hasta ahora se han considerado medidas tendientes a la generación de empleo y ver si el resultado ha sido el esperado o el que se necesita.
¿Qué han venido impulsando las políticas públicas con el objetivo de generar empleo y cuál ha sido el rendimiento obtenido en relación costo beneficio? Si todo está bien… magnífico. Si hay algo que cambiar, mañana es tarde.
Las cifras en aumento del desempleo parecen ser obvias. ¿Será necesario revisar algunas de dichas políticas y quizás crear otras diferentes de acuerdo con la realidad? ¿Existe una relación adecuada entre oferta de recursos humanos graduados y demanda del sector privado actual?
¿Cuáles son los sectores más beneficiados con políticas de estímulo a la creación de empleo y cuál el cumplimiento de este objetivo?
Estas y otras preguntas deberían responderse para tener una base sólida de datos que permitan crear y desarrollar estrategias acertadas que den como resultado nuevos y suficientes empleos.
Tenemos a la vista cada día las nefastas consecuencias del desempleo en muchos otros países y no podemos demorar las acciones que impidan que Costa Rica siga por ese mismo camino, que ya hemos iniciado.
Con un Estado ineficiente en muchas de sus instituciones por mala dirección y administración (es decir, por actuaciones políticas equivocadas), y con la comprobación de que el aumento en sus planillas (como el efectuado en la administración anterior) no ha significado una mayor eficiencia de las entidades, está claro que en ese sector lo que se necesita es una reestructuración y controles adecuados para medir rendimientos.
En el sector privado sin embargo, la mayor eficiencia suele ser la tónica reinante, pero es al Gobierno a quien corresponde revisar las políticas públicas hacia esa parcela del sector productivo, a fin de reencauzar lo que haga falta.
 

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