Más tarde será muy tarde

El aumento, a partir de noviembre pasado, de la cantidad de préstamos bancarios de vivienda y construcción en cobro judicial, indica claramente que esas entidades deberían tomar medidas para evitar que continúe la tendencia o, peor aún, que de un momento a otro la situación se vuelva inmanejable.

Esas medidas deben ir en el sentido de llamar a todos los deudores, aun si estos no se han dado cuenta del inminente peligro, y llegar con cada uno de ellos a un acuerdo que signifique una posibilidad de mantenerse atendiendo la deuda de algún modo, readecuación, aplazamiento de meses atrasados, u otras múltiples variables que deben crearse en situaciones como la actual. Todas ellas mejores que llegar a ejecutar las garantías, algo que no les sirve ni al cliente ni al banco. Tampoco al país.

Sugerimos que sean los bancos quienes den el paso puesto que no siempre los clientes tienen el adecuado conocimiento para comprender la necesidad de tomar medidas. Si así fuera, no habrían adquirido una deuda sin tomar en cuenta posibles circunstancias como la actual crisis. Las entidades bancarias en general han educado poco o nada a esos clientes en el pasado sobre riesgos como el que hoy agobia al mundo.

Tanto la Sugef como los bancos, estatales y privados, deberían flexibilizar las actuales condiciones para encontrar el punto de equilibrio entre llegar a un acuerdo viable para los clientes, de manera que no pierdan sus viviendas, y que a la vez asegure a la entidad bancaria la total recuperación cuando pase la crisis.

La evidencia de lo ocurrido en otros países en esta materia es más que suficiente como elementos de juicio que permitan llegar a la mejor solución en el país, de acuerdo con las condiciones particulares actuales de la banca en Costa Rica y a la situación y pronóstico de la capacidad de pago de los clientes en circunstancia crítica.

Muchas son las opciones que pueden llevar a un alivio de la situación en este momento, excepto esperar sin hacer nada. Es el momento, antes de que estalle un grave problema insoluble, de tomar las medidas pertinentes que aseguren no solo la mitigación al problema sino la estabilidad en el país.