Los TLC y los retos del sistema de pensiones
Los TLC y los retos del sistema de pensiones
Con la puesta en vigencia del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conviene rescatar las implicaciones que podrían darse de manera indirecta en el sistema de pensiones en Costa Rica.
En principio, el hecho de que el capítulo de servicios financieros excluya de su cobertura las actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación pública o un sistema de seguridad social, supone que el sistema de pensiones en su conjunto no tendrá ninguna afectación. Sin embargo, por la naturaleza de la apertura comercial y su consecuente intercambio de negocios con instalación de empresas y generación de puestos laborales, es de esperar que, de alguna forma, repercuta en las pensiones obligatorias y complementarias.
¿Qué sucede con las contribuciones de aquellos profesionales extranjeros, también conocidos como expatriados, una vez que se vayan de Costa Rica? En nuestro país lo único que quedará es el registro de las cotizaciones de estos trabajadores en el Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte y las contribuciones individuales al Régimen de Pensiones Complementarias, administradas por las operadoras de pensiones. Este dinero es propiedad del trabajador y no parece lógico que dicho fondo deba permanecer en nuestro país una vez que el empleado ya no siga laborando en Costa Rica.
La legislación actual no contempla una solución, por lo que está la oportunidad de enmienda. Por ejemplo, reformar la Ley de Protección al Trabajador y permitir la transportabilidad de dichos fondos de pensión. Recordemos que esta ley faculta la suscripción de convenios entre el patrono y el trabajador en planes colectivos voluntarios, situación que refuerza el hecho de buscar una solución a la transportabilidad.
La llegada de empresas, que toman como centro de operaciones a Costa Rica, puede dinamizar la creatividad en la forma en que patrono y empleado conciben su relación y las condiciones para que estas sean de larga duración.
La Ley de Protección al Trabajador faculta la suscripción de convenios patrono-trabajador, en planes de pensión colectivos dentro del Régimen de Pensiones Voluntarias. No obstante, el desarrollo de este servicio está en pañales en Costa Rica, y tal vez se vería impulsado por las prácticas que ejecutan la mayoría de las empresas que podrían instalarse aquí, como parte del desarrollo natural de los tratados de libre comercio.
Por tanto, es evidente que, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, no existen tales fantasmas de privatización de las pensiones complementarias, pero, sin duda, nos trae retos legales y nos abre una serie de oportunidades de mejorar el sistema de pensión en nuestro país.
Marco Vargas Aguilar
Gerente de Servicio al Cliente IBP Pensiones
Con la puesta en vigencia del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conviene rescatar las implicaciones que podrían darse de manera indirecta en el sistema de pensiones en Costa Rica.
En principio, el hecho de que el capítulo de servicios financieros excluya de su cobertura las actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación pública o un sistema de seguridad social, supone que el sistema de pensiones en su conjunto no tendrá ninguna afectación. Sin embargo, por la naturaleza de la apertura comercial y su consecuente intercambio de negocios con instalación de empresas y generación de puestos laborales, es de esperar que, de alguna forma, repercuta en las pensiones obligatorias y complementarias.
¿Qué sucede con las contribuciones de aquellos profesionales extranjeros, también conocidos como expatriados, una vez que se vayan de Costa Rica? En nuestro país lo único que quedará es el registro de las cotizaciones de estos trabajadores en el Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte y las contribuciones individuales al Régimen de Pensiones Complementarias, administradas por las operadoras de pensiones. Este dinero es propiedad del trabajador y no parece lógico que dicho fondo deba permanecer en nuestro país una vez que el empleado ya no siga laborando en Costa Rica.
La legislación actual no contempla una solución, por lo que está la oportunidad de enmienda. Por ejemplo, reformar la Ley de Protección al Trabajador y permitir la transportabilidad de dichos fondos de pensión. Recordemos que esta ley faculta la suscripción de convenios entre el patrono y el trabajador en planes colectivos voluntarios, situación que refuerza el hecho de buscar una solución a la transportabilidad.
La llegada de empresas, que toman como centro de operaciones a Costa Rica, puede dinamizar la creatividad en la forma en que patrono y empleado conciben su relación y las condiciones para que estas sean de larga duración.
La Ley de Protección al Trabajador faculta la suscripción de convenios patrono-trabajador, en planes de pensión colectivos dentro del Régimen de Pensiones Voluntarias. No obstante, el desarrollo de este servicio está en pañales en Costa Rica, y tal vez se vería impulsado por las prácticas que ejecutan la mayoría de las empresas que podrían instalarse aquí, como parte del desarrollo natural de los tratados de libre comercio.
Por tanto, es evidente que, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, no existen tales fantasmas de privatización de las pensiones complementarias, pero, sin duda, nos trae retos legales y nos abre una serie de oportunidades de mejorar el sistema de pensión en nuestro país.
Marco Vargas Aguilar
Gerente de Servicio al Cliente IBP Pensiones