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Afortunadamente vivimos en un país donde todo ciudadano tiene derecho inalienable a la libertad de decir lo que piensa sin permiso de nadie. Si es insultante a otra persona pudiera pagar multa o si grita “fuego” en un teatro pudiera ir a la cárcel o al manicomio, pero en general no hay límites.
Con respecto a la publicidad de gobierno, a través de los años en varios países incluyendo a Costa Rica, en la CID/Gallup nos hemos dado cuenta que es contraproducente. Respuestas como las siguientes abundan: “Ofrecieron construir carreteras y por eso votamos por ellos. Si no lo habían hecho los hubiéramos tildado de incumplidos. ¿Por qué publicitan que hicieron algo que fue su responsabilidad de hacer?” O “Veo que completaron carreteras. Aquí donde vivo yo no llegaron y es una pesadilla llegar a mi casa.”
Usar dinero de todos los contribuyentes en época no electoral enoja y peor aun cuando hay elecciones. Claro que en un boicot de medios como aparentemente pudiera haber en el país, sería importante informar al pueblo de ciertos acontecimientos para que pudiera la gente aprovechar.
El papel del Tribunal Supremo de Elecciones TSE en este tema de libertad de expresión ha sido muy controversial. Años atrás prohibieron divulgar resultados de encuestas por un mes antes de una elección nacional. La posición de CID/Gallup fue la de ignorar la prohibición. No pudo ser que todo el mundo – partidos, candidatos, organizaciones, medios -- tuvieran libertad de expresión y no así las empresas que realizan estudios de opinión pública. Nunca nos persiguieron por violar su edicto.
El TSE es un organismo que fue el orgullo de la región en los 1980’s y los ex magistrados fueron contratados en otros países centroamericanos como asesores cuando esos fundaron sus tribunales. En un país sumamente avanzado en todo lo que es la comunicación en redes y el hecho que ahora el 1 de febrero de 2026 iremos a las urnas para marcar papeletas con una crayola que después se depositan en cajas de cartón es insólito. Está el TSE aún en época pre computación.
Es sumamente cuestionable que esta institución prohibió la adjudicación de las frecuencias de radio y televisión hasta después de la segunda vuelta. Prohibieron porque pudiera haber frecuencias donde habría disputa con el gobierno por el nuevo precio que tendrá que pagar los concesionarios. Ahorita pagan sumas tan pequeñas que son ridículas. La lógica del TSE es que, si no pagan, les cortan la comunicación, y eso perjudicaría a la libertad de expresión.
La verdad es que un ciudadano común puede decir lo que piensa de los candidatos (cuando hay—para diputados es todo un misterio quienes son) hasta llegar a la puerta del aula adonde le toca votar. Hasta el escritor de esta columna está de acuerdo que debe haber silencio dentro del recinto. Es importante prestar atención a lo que uno hace y no se requieren ruidos que distraen.
¡Respetemos todos incluyendo el TSE la Constitución!
