La FCPA, ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1977, a partir de la primera administración Obama se convirtió en una de las prioridades de su gobierno

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Ley extranjera afecta a las empresas costarricenses

El amplio alcance extraterritorial es uno de los aspectos más destacados de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés – “Foreign Corrupt Practices Act”).
La FCPA es una ley federal de los Estados Unidos de América, aprobada en 1977 durante el gobierno del presidente Carter. Si bien su impacto fue muy bajo durante el pasado siglo, a partir de la primera administración del presidente Obama se ha convertido en una de las prioridades del gobierno estadounidense.
Por ende, la implementación de esta regulación ha incrementado dramáticamente. El número de investigaciones contra compañías e individuos ha aumentado de forma drástica, y ha causado la aplicación de multas millonarias en la parte civil junto con sanciones penales para los individuos involucrados directa o indirectamente.
La principal función de la FCPA es prohibir el pago, u ofrecimiento o promesa de pago, o de cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero con el propósito de influenciar cualquier acto o decisión del funcionario para ayudar a obtener o retener un negocio (en este caso el gobierno costarricense sería un gobierno extranjero para efectos de la FCPA). Para velar por el cumplimiento de la referida ley, el gobierno de los Estados Unidos ha asignado a dos de sus agencias como entes fiscalizadores: i. El Departamento de Justicia, DOJ; y ii. la Comisión Nacional de Valores, SEC.
Hay dos grupos de disposiciones en la FCPA: i. Las disposiciones generales de anticorrupción, a cargo del DOJ; y ii. las disposiciones contables (registros y libros), a cargo de la SEC. Ahora usted se preguntará: ¿Por qué razón es de aplicación la FCPA para los empresarios costarricenses? La jurisdicción de la FCPA se extiende a muchas acciones que ocurren fuera de los Estados Unidos, y que involucran a ciudadanos y compañías que no son precisamente estadounidenses, pero que sí tienen operaciones o puntos de contacto con los Estados Unidos de América.
Todas las empresas que tienen su base en los Estados Unidos, o bien que realizan operaciones dentro de las fronteras de los Estados Unidos, deben hacer una evaluación de riesgo de todas sus operaciones, de sus socios de negocios, de proveedores y potenciales socios de fusiones, para entender los riesgos existentes en materia de anticorrupción, y vigilar el cumplimiento, no solo de la ley nacional, sino potencialmente también la aplicación de la FCPA.

Juan Carlos Tristán

Abogado