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Ley de reforma procesal laboral, ¿un fracaso?

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 03 octubre, 2018


Ley de reforma procesal laboral, ¿un fracaso?

Habrá mucha discusión en los días próximos sobre lo que se aprendió de la huelga parcial de empleados públicos que se llevó a cabo durante varias semanas de setiembre. El comentario del líder Albino Vargas, donde manifestó que es casi imposible que una huelga se declare ilegal con la ley de Reforma Procesal Laboral, da base para una de las discusiones. Por lo ocurrido está claro que él tiene razón.

No funciona esta ley entre otras razones porque el sistema judicial del país está totalmente sindicalizado. Desde el primer día el gobierno (patrono) pidió al sistema judicial declarar ilegal los 30 paros perpetrados por los distintos sindicatos, pero después de tres semanas solo hubo decisión en 11 de los casos. Los jueces no encontraban “a quién notificar,” mucho de su elenco no estaba presente, o quizás en algunos casos, ellos mismos estaban “en huelga”.

De los diez casos declarados ilegales, ahora siguen las apelaciones y con un tramite por aquí y otro por allá lo más probable es que en febrero de 2019 habrá veredictos. El punto aquí es que esta ley de reforma de proceso laboral se vendió a la Asamblea por el Partido Liberación Nacional PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio como una legislación que “agilizaría” los trámites y ahora se pone en evidencia que es todo lo contrario.

Es quijotesco pensar que se podrá modificar esta legislación, pero como mínimo los jueces y funcionarios de la Sala Segunda deberían ser clasificados como personal que no puede ir a huelga —sindicalizados por su puesto— pero como la policía, sin poder hacer paro de labores. Y si un juez declara una huelga ilegal, mientras que hay apelaciones debería ser obligación de los trabajadores regresar a sus lugares de trabajo.

Hay muy pocas empresas privadas que pudieran aguantar financieramente un proceso judicial que dure 90 o más días para que se declare legal o ilegal una huelga de sus trabajadores y que mientras no pueda funcionar. Por fuerza tendría que rendirse para poder operar y eso no es justicia.

El sector público aguantó por 22 días, pero para el gobierno no tiene competencia. El sector privado costarricense es demasiado débil y mal organizado para ir a una “huelga contra los impuestos”. Pero si hay demasiados abusos, ¿Quién sabe lo que pudiera ocurrir en el futuro? El hecho que tantos trabajadores no recibieron educación para sus hijos, ni atención médica, debería ser suficiente para desistir de pagar impuestos por no estar recibiendo los servicios por cuál se pagan.

Hay otras críticas del Poder Judicial que surgen con base en esta huelga reciente. Pero el principal es que ha sido juez y parte del conflicto, quiéralo o no, y no ha revelado capacidad de manejar ese rol. Por eso quedaron las negociaciones en manos del sacerdocio católico. Igual como en los rectores no hubo confianza, tampoco hubo en el Poder Judicial con sus recursos diseñados para resolver problemas que surgen entre los ciudadanos.

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