Legalidad de Uber es casi un hecho

El Estado debe regular a Uber como servicio de transporte público remunerado, es la tesis de uno de los siete expertos consultados por LA REPÚBLICA sobre el tema.
No queda claro todavía si Uber sea un servicio de transporte, o un acuerdo privado entre partes, considera otro.
Sin embargo, la conclusión de que Uber sea legal, al tratarse de un servicio tecnológico privado que no encaja en el concepto ordinario de transporte público, es compartida por cinco de los siete abogados.
Lo que no es prohibido es permitido, es el principio de derecho en que ellos se fundamentan, ya que no existe un impedimento a este servicio en la normativa legal que se redactó para el uso de los taxis y el porteo.
Bajo esta tesis, la única forma de que el servicio sea ilegal es que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma a la ley de transporte público, o bien, que un juez dicte la ilegalidad.
Empero, esto es poco probable que pase, ya que el ambiente político en el Congreso más bien tiende a liberalizar el servicio de transporte.
Mientras tanto, para el Gobierno el servicio de Uber es ilegal, ya que Luis Guillermo Solís advirtió una vez más la semana pasada este hecho a todos los choferes privados; sin embargo, también negó el reclamo de los taxistas que querían el bloqueo de la aplicación, por lo que en la práctica los choferes privados de Uber siguen en la calle sin mayor preocupación.
El uso de teléfonos inteligentes, “Apps”, GPS y tarjetas de crédito creó la oportunidad de hacer este negocio en el país, que se inauguró en 2015.