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Al superar los 100 días de trabajo al frente del país, la presidenta Laura Fernández tiene claro que la emergencia de seguridad que vive Costa Rica es una de sus principales prioridades.
Sin embargo, la mandataria no pretende tapar el sol con un dedo en esta materia y advierte sin ambages, que es probable que la reducción de los homicidios sea una tarea pendiente de su gobierno.
En una entrevista exclusiva con La República, la mandataria aseveró que la única forma de resolver esta problemática es que los diputados, el gobierno y el Poder Judicial trabajen unidos.
Lamentablemente, Fernández asevera que en el último caso, no se asume el problema con la urgencia y la responsabilidad que se requiere para acabar con la mora judicial e impunidad y esto repercutirá directamente en los planes del gobierno.
“Yo estoy haciendo todo lo que me corresponde como presidente, pero no pretendo tapar el sol con un dedo. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es una meta que obliga a los tres poderes, necesariamente a trabajar con la misma intensidad y con el mismo sentido de urgencia. Yo estoy haciendo mi parte, pero evidentemente reconozco públicamente que esa meta no la vamos a poder cumplir, es ambiciosa y con las condiciones actuales no será posible”, afirmó Fernández.
Específicamente, Fernández cuestionó las decisiones adoptadas por los jueces de ejecución de la pena, particularmente aquellas que permiten que personas vinculadas con organizaciones criminales recuperen su libertad antes de cumplir sus condenas.
“Es hasta ridículo que el Poder Judicial no haga una revisión exhaustiva de las medidas que los jueces de ejecución de la pena están tomando, los cuales están permitiendo que personas ligadas al crimen organizado salgan antes de tiempo de la cárcel, o bien, que personas detenidas hasta 400 veces anden libres”, sostuvo.
La meta de la administración Fernández para 2030 es reducir de manera paulatina la tasa de homicidios dolosos hasta 15,3 por cada 100 mil habitantes, es decir, menos de 800 casos.
En 2025, ese indicador se ubicó en 16,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El desafío ocurre en un contexto de violencia que también ha dejado víctimas ajenas a las disputas criminales. De los 873 homicidios registrados el año pasado, al menos 85 correspondieron a víctimas colaterales, según el OIJ.
Se trata de personas que murieron durante tiroteos u otros hechos violentos pese a no tener relación con el ataque.
Fernández defendió las acciones emprendidas por su gobierno y recordó que durante sus primeros 100 días presentó 12 proyectos de ley relacionados con seguridad.
“Solamente en materia de seguridad he presentado 12 proyectos de ley en estos primeros 100 días y en otros temas como reactivación económica, reforma del Estado y políticas sociales, un paquete de ocho propuestas adicionales”, indicó.
Entre las iniciativas impulsadas figuran propuestas para permitir la extradición de costarricenses vinculados con sicariato, ciberdelitos y narcotráfico, establecer sanciones contra organizaciones criminales, regular beneficios penitenciarios y crear penas para quienes participen en actividades relacionadas con el robo de oro de Crucitas.
La presidenta también subrayó que la estrategia contra la violencia no puede concentrarse únicamente en medidas represivas. Educación, deporte, arte, cultura y empleo forman parte, según explicó, de las acciones necesarias para evitar que las personas sean captadas por estructuras del narcotráfico.
“Hay medidas muy importantes en prevención, donde definitivamente no podemos descuidar la prevención que va desde la educación, el deporte, el acceso al arte y a la cultura y que las personas puedan tener un empleo digno como forma evidente y obvia de superación y que no caigan presas fáciles del crimen organizado y de las estructuras del narcotráfico”, concluyó.
