El oficialismo no dará marcha atrás en su ofensiva contra Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, y anunció que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales a su alcance para intentar removerla del cargo.
Gonzalo Ramírez, diputado de Pueblo Soberano, advirtió que la negativa de Cruickshank a renunciar no pone fin a la controversia y aseguró que la Asamblea Legislativa continuará exigiéndole responsabilidades por sus actuaciones.
“Desde la Asamblea Legislativa, quienes representamos el sentir de miles de costarricenses, vamos a seguir cuestionando sus actuaciones, exigiendo responsabilidades y valorando todas las vías constitucionales y legales para su destitución”, manifestó el legislador.
Ramírez cuestionó que la Defensoría de los Habitantes, a su criterio, esté dando prioridad a las personas privadas de libertad en detrimento de las víctimas de la delincuencia.
“La Defensoría no puede convertirse en una institución que escucha a los criminales, mientras las víctimas sienten que nadie las escucha a ellas”, agregó.
El diputado también recordó que la institución está adscrita a la Asamblea Legislativa y advirtió que el oficialismo mantendrá la presión sobre la jerarca.
“Si usted no está dispuesta a escuchar el reclamo de los costarricenses, nosotros no vamos a dejar de exigirle cuentas a usted”, señaló.
La molestia contra Cruickshank se da luego de que ella descartara de manera absoluta renunciar a su puesto. La funcionaria sostuvo que hacerlo equivaldría a aceptar que incumplió sus deberes y defendió su visita al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
El viernes 13 de noviembre, ella y el fiscal general, Carlo Díaz, fueron al CACCO para verificar denuncias sobre presuntos abusos de autoridad y posibles violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden que exigía la renuncia inmediata de Cruickshank. La iniciativa recibió únicamente el respaldo de los diputados de Pueblo Soberano.
La jerarca podría ser destituida mediante una votación de al menos 29 diputados, por lo que el oficialismo no deberá buscar respaldo más allá de su propia bancada para cumplir con su promesa.





































