¿Penas de 35 años para sicarios? Frente Amplio y Pueblo Soberano se enfrentan por idea
Oficialismo señala que líder de la izquierda trata de “tergiversar la verdad” y confundir en un momento delicado para el país
Un día después del asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano se negaron a incluir el sicariato en la lista de delitos que se consideran como homicidio calificado.
Esto hizo que José María Villalta, diputado del Frente Amplio, criticara la decisión de la bancada de gobierno, mientras que Pueblo Soberano acusó al diputado de izquierda de “tergiversar los hechos y confundir a la opinión pública”.
La manzana de la discordia está relacionada con una moción que presentó Villalta este martes en la Comisión de Seguridad, en torno a la Ley para combatir las asociaciones criminales.
Esto, con el objetivo de que los gatilleros enfrenten causas penales de homicidio calificado y, con ello, penas de hasta 35 años de prisión por cada asesinato y no sanciones menores como en la actualidad.
“Esto es importante porque en nuestro país se han disparado los asesinatos vinculados con control territorial de las organizaciones criminales, con venganzas de las organizaciones criminales y muchos de esos delitos no logran ser sancionados como sicariato porque no se logra demostrar que existió una promesa de pago, una remuneración económica. Por eso es importante esta moción para que todos los delitos vinculados y los crímenes y los homicidios, sobre todo vinculados a las bandas criminales, también sean sancionados más rigurosamente. Lamentablemente, la fracción de Pueblo Soberano votó en contra de la moción y eso lo lamentamos porque es una moción que realmente va en la dirección de fortalecer la persecución contra el crimen organizado”, dijo Villalta.
La propuesta de ley sobre asociaciones criminales fue presentada por la mandataria Laura Fernández, con la intención de reformar la figura de las “asociaciones ilícitas” y denominarlas “asociaciones criminales”.
La idea es penalizar con sanciones más fuertes su promoción, constitución, organización, coordinación o dirección y su sola pertenencia.
En ese sentido, la bancada de Pueblo Soberano se opuso a la moción de Villalta al considerar que existe falta de conexidad.
En otras palabras, la discusión de sicariato no debería darse en un proyecto sobre asociaciones ilícitas, ya que se corre el riesgo de generar un vicio de legalidad que termine anulando el proyecto.
"Una cosa es querer combatir el sicariato y otra muy distinta es introducir reformas que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de un proyecto. No podemos permitir que, por imponer una moción, se termine comprometiendo una ley que el país necesita para enfrentar a las organizaciones criminales", señaló Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano.
Los diputados oficialistas advirtieron que incorporar modificaciones sin la debida conexidad podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo, desnaturalizar el propósito original de la iniciativa y generar obstáculos para su aprobación.
"No entendemos tanta insistencia del Frente Amplio en introducir una modificación que podría poner en riesgo la integridad jurídica de este proyecto. ¿Será que al Frente Amplio realmente le interesa que esta ley avance o lo que busca es introducir cambios que terminen comprometiendo su aprobación? El país no puede seguir esperando mientras se discuten mociones que podrían poner en riesgo herramientas fundamentales para combatir al crimen organizado", concluyó el diputado Gonzalo Ramírez.