Las reformas institucionales para el progreso

Las reformas institucionales para el progreso

Al Presidente que el pueblo eligió ayer y a los partidos políticos con representación parlamentaria se les votó para que actuaran en favor del progreso de los costarricenses: disminuir la pobreza, el desempleo y la desigualdad; aumentar las posibilidades de consumo de todos y la seguridad ciudadana; generar confianza de cada uno en su futuro, confianza mutua entre los ciudadanos y confianza en que contaremos para los nietos con recursos naturales, un ambiente sano y ciudades vivibles. Y para lograr progreso dependemos en mucho de la acción del gobierno en regulación, en policía y justica, en lo social y lo económico, en educación, salud y pensiones, en la prestación de los servicios públicos.

La fragmentación partidaria que vivimos ha venido dificultando grandemente que se adopten las decisiones del Estado necesarias para acelerar nuestro progreso.

Creo que por eso, durante la campaña política —iniciando por Rodolfo Piza— casi todos los aspirantes presidenciales fueron proclamándose partidarios de un gobierno de Unidad Nacional para lograr cumplir con semejante responsabilidad. En esta segunda ronda, yo clamé ante los dos señores candidatos y los dos partidos tradicionales por una alianza política alrededor de un programa de gobierno con mayoría legislativa. Pero no lo logramos.

Dependemos totalmente de la buena voluntad y la sabiduría de los gobernantes, y de una conducta inteligente, tolerante y de afecto recíproco entre los ciudadanos para avanzar en la construcción de nuestro progreso. Y sabemos que entre los humanos esas son condiciones que solo muy difícilmente se dan. Pero dependemos totalmente de esas virtudes, porque no hemos realizado las reformas institucionales que hagan compatible la estructura gubernamental de nuestra Constitución, con la realidad política multipartidaria y de poca adhesión a los partidos que hoy vivimos.

Les confiamos y les imponemos una enorme responsabilidad a los gobernantes y a los políticos, pero no les proveemos de la organización gubernamental que les facilite cumplir sus tareas.

No es que no se hayan propuesto las reformas pertinentes para mejorar la eficiencia del aparato estatal. Es que no se ha querido ni siquiera discutirlas.

Desde 1988 —siguiendo el modelo alemán de la posguerra— propuse una reforma al sistema de elección de los diputados para establecer una lista nacional que elegiría un tercio de los miembros de la Asamblea Legislativa y Distritos Legislativos —con una población electoral similar— que elegirían los otros dos tercios. Así se mantiene la proporcionalidad, se da mayor representatividad a los ciudadanos y se hace justicia entre los cantones, pues con el sistema presente algunos tienen una sobrerrepresentación, y otros cantones, ninguna representación a pesar de tener —en conjunto— una numerosa población. Lo último porque los partidos políticos usualmente ponen a encabezar las listas provinciales a representantes de los cantones más populosos, y este problema se agrava cuando hay más partidos políticos con fracción parlamentaria, lo que implica mayor proporción de diputados de los cantones grandes y menor representatividad para los ciudadanos de cantones medianos y pequeños. También propuse la reelección para permitir la carrera parlamentaria. Cuando fui diputado no logré que se aprobaran estas reformas, a pesar de constituir una comisión especial para discutirlas.

Doña Abril Gordienko y “Acción Ciudadana Ya” propusieron en 2012 una reforma similar (con variación en las proporciones de las dos listas y con distritos legislativos uninominales y no para elegir dos representantes como fue la mía) y en 2017 presentaron la reforma constitucional respectiva. El Grupo de Notables que nombró la presidenta doña Laura Chinchilla en 2013 hizo también una propuesta para adicionar una lista nacional con varias alternativas en esta busca de proporcionalidad y representatividad. El señor asesor parlamentario del Frente Amplio don Antonio Trejos Mazariegos, este mismo año presentó otra variante que persigue las metas de proporcionalidad y representatividad sin introducir la lista de diputados nacionales.

Desde la Presidencia propuse migrar a un régimen semiparlamentario al estilo de Francia y Finlandia, para poder atender la realidad multipartidista que se veía venir. Con ello para formar gobierno se necesitaría contar con apoyo mayoritario en la Asamblea legislativa. En 2002 presentamos la reforma constitucional respectiva que fue —sin mucho trámite— rechazada. El Grupo de Notables de la presidenta Chinchilla recomendó también esta transformación del sistema político. Hoy se hace evidente la necesidad de esta adaptación de nuestro esquema constitucional a la realidad política.

Se efectuaron cambios en 2003 al sistema de nombramiento de los magistrados del Poder Judicial: elección por dos tercios de los integrantes de la Asamblea Legislativa y examen previo de atestados de los candidatos por una Comisión Legislativa Especial de Nombramientos. A inicios de los años 90, y siguiendo el ejemplo que se había establecido para la elección de los magistrados de la Sala Constitucional, como diputado introduje propuestas de reforma constitucional con ese mismo fin.

Pero el “cementazo” ha hecho ver que el sistema acordado no elimina los vicios y limitaciones que con esos cambios se han querido corregir. Creo que lo conveniente sería una elección de los magistrados por dos tercios de los integrantes de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Presidente de la República, lo que permitiría que se nombren abogadas y abogados procedentes del Poder Judicial, pero también de la academia, de las instituciones y de la práctica profesional privada. La responsabilidad abierta y clara del Presidente y la necesidad de obtener el apoyo de los dos tercios del Congreso lo obligaría a escoger con gran cuidado a sus nominados.

Ojalá las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo busquen que se aprueben algunas de estas y otras transformaciones a nuestro Estado, para que al iniciar el tercer siglo de nuestra República, el gobierno en 2022 no enfrente sus responsabilidades con tan grandes demandas y tan serias dificultades para cumplirlas.