La realidad fiscal: un Estado empresario
| Jueves 09 febrero, 2012
La realidad fiscal: un Estado empresario
A pesar de la tozudez con la que el gobierno de Laura Chinchilla insiste en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para detener el déficit fiscal que ellos mismos crearon, la realidad siempre supera a los discursos. Generalmente para contradecirlos.
Y la realidad no es otra que la noticia de la compra por parte del ICE de una empresa privada de televisión por cable. Los cuestionamientos parecen obvios: ¿qué hace una institución del Estado comprando una empresa privada y entrando a competir en un mercado maduro como el de la televisión por cable? ¿Cómo es posible que un país con las finanzas públicas en tan maltrecha situación se pueda permitir destinar una ingente cantidad de dinero para comprar una empresa para irrumpir en un negocio privado?
Sin embargo, al día de hoy no hemos visto airadas reacciones por parte de la clase política. Como tampoco nuestros más ilustres economistas han puesto el grito en el cielo ante la increíble conducta de una institución pública. El motivo es que aquí se asume sin reflexión alguna que el Estado, ese órgano que rige nuestras vidas y se alimenta de nuestros impuestos, además de prestar servicios básicos es el principal empresario del país.
Un empresario que no tiene por qué ofrecer beneficios a sus accionistas. Un empresario que, para evitar la quiebra de una de sus filiales, Racsa, sencillamente se dedica a comprar empresas privadas y así destinar parte de sus recursos —públicos, no nos olvidemos— a prestar un servicio sin interés social alguno: televisión por cable. ¿Qué será lo próximo? ¿Creará o comprará el ICE su propio canal de televisión para adultos?
La cuestión es que las empresas propiedad del Estado siguen adelante operando en el mercado como si de corporaciones privadas se tratasen. Cuando necesitan más dinero simplemente recurren a Aresep para subirnos las tarifas de telefonía, luz, agua o gasolina. Tarifas que empiezan a sonar a impuestos encubiertos. ¿Por qué no emplea el ICE su superávit en telecomunicaciones para cubrir el déficit que genera su ineficiente actividad eléctrica? ¿Por qué tenemos que pagar más cara la luz mientras el Grupo ICE destina recursos a comprar empresas privadas?
Me resulta curioso que ningún político ni economista mediático ha planteado ninguna de estas preguntas en público. Quizá sea porque aquí, en el país en el que se mezcla la constitución política más liberal de Occidente, con el estado democrático con mayor tamaño de sector público empresarial, algunas cosas parecen inamovibles. Siempre y cuando no pretendan tocarnos los bolsillos para seguir pagando la fiesta.
Francisco Avilés
Economista
A pesar de la tozudez con la que el gobierno de Laura Chinchilla insiste en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para detener el déficit fiscal que ellos mismos crearon, la realidad siempre supera a los discursos. Generalmente para contradecirlos.
Y la realidad no es otra que la noticia de la compra por parte del ICE de una empresa privada de televisión por cable. Los cuestionamientos parecen obvios: ¿qué hace una institución del Estado comprando una empresa privada y entrando a competir en un mercado maduro como el de la televisión por cable? ¿Cómo es posible que un país con las finanzas públicas en tan maltrecha situación se pueda permitir destinar una ingente cantidad de dinero para comprar una empresa para irrumpir en un negocio privado?
Sin embargo, al día de hoy no hemos visto airadas reacciones por parte de la clase política. Como tampoco nuestros más ilustres economistas han puesto el grito en el cielo ante la increíble conducta de una institución pública. El motivo es que aquí se asume sin reflexión alguna que el Estado, ese órgano que rige nuestras vidas y se alimenta de nuestros impuestos, además de prestar servicios básicos es el principal empresario del país.
Un empresario que no tiene por qué ofrecer beneficios a sus accionistas. Un empresario que, para evitar la quiebra de una de sus filiales, Racsa, sencillamente se dedica a comprar empresas privadas y así destinar parte de sus recursos —públicos, no nos olvidemos— a prestar un servicio sin interés social alguno: televisión por cable. ¿Qué será lo próximo? ¿Creará o comprará el ICE su propio canal de televisión para adultos?
La cuestión es que las empresas propiedad del Estado siguen adelante operando en el mercado como si de corporaciones privadas se tratasen. Cuando necesitan más dinero simplemente recurren a Aresep para subirnos las tarifas de telefonía, luz, agua o gasolina. Tarifas que empiezan a sonar a impuestos encubiertos. ¿Por qué no emplea el ICE su superávit en telecomunicaciones para cubrir el déficit que genera su ineficiente actividad eléctrica? ¿Por qué tenemos que pagar más cara la luz mientras el Grupo ICE destina recursos a comprar empresas privadas?
Me resulta curioso que ningún político ni economista mediático ha planteado ninguna de estas preguntas en público. Quizá sea porque aquí, en el país en el que se mezcla la constitución política más liberal de Occidente, con el estado democrático con mayor tamaño de sector público empresarial, algunas cosas parecen inamovibles. Siempre y cuando no pretendan tocarnos los bolsillos para seguir pagando la fiesta.
Francisco Avilés
Economista