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Hay una triste realidad en nuestra burocracia, provocada por los gobiernos, que debe cambiar urgentemente si lo que se espera es avanzar en democracia


La parálisis que propiciaron los gobiernos

El caso del retraso en el inicio de la regulación vial mediante cámaras, prometido por la presidenta Chinchilla para el inicio del curso lectivo y no cumplido hasta hoy, es un ejemplo más de lo que sucede al interior de muchas instituciones: poco rendimiento por falta de vigilancia y supervisión sobre los diferentes niveles de funcionarios.
Han pasado varias administraciones sin que se haya hecho nada por mejorar el rendimiento de dichos burócratas.
Así, el incumplimiento abarca todos los niveles y se convierte en un oscuro laberinto. Es el propio Ejecutivo quien nombra, se supone, a personas idóneas y de su confianza como ministros, presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas.
La supervisión de sus misiones y gestiones corresponde pues al Ejecutivo y el rendimiento de cuentas debería ser, entre otros, en las reuniones del Consejo de Gobierno de modo ágil, expedito y permanente.
Pero si esto no ocurre, se inicia la nefasta cadena hacia abajo en la que distintos departamentos y jefaturas, mandos medios y demás, incumplen con sacar su trabajo a tiempo sin que nadie verifique lo ocurrido, siente responsabilidades y sancione si ese fuera el caso.
Esto, que es práctica cotidiana en las empresas privadas, se abandonó, con ciertas excepciones, en el sector público, prefiriendo poner en práctica un clientelismo político que obliga a hacer la vista gorda permanentemente e inaugurar, hace ya mucho tiempo, la frase clisé: “la lenta burocracia retrasa todo… no podemos hacer nada”.
Como si no fueran las más altas autoridades, esas que se quejan, precisamente las encargadas de que no exista esa lentitud e ineficiencia.
Sin embargo, ese estado de las instituciones públicas, que propiciaron los gobernantes, sumado a la corrupción evidenciada por constantes escándalos en donde se denuncian malos manejos del dinero público, es lo que ha generado los altos niveles de desconfianza de la población en la clase política.
Se adoptó entonces la palabra “ingobernabilidad”, intentando echar a otros la culpa de los propios gobiernos.
Así, hasta que la población se ha visto obligada a organizarse para hacer valer sus derechos. Afortunadamente, en nuestro país esto no se hace por medio de la guerrilla u otras formas de violencia, como en otros países, sino a través de grupos organizados que procuran contar con especialistas y expertos que los asesoren para intentar que avance lo que los gobernantes estancan o hacen mal.
Una triste e inaceptable realidad que debe cambiar urgentemente en Costa Rica, si lo que se espera es avanzar en democracia.
 

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