La integridad del Estado

La situación de que hubiera empresarios de alto poder adquisitivo infiltrados en las listas de pequeños agricultores a quienes se les iban a condonar deudas de los programas de Reconversión Productiva y del Fideicomiso Agropecuario (Fidagro), será ahora investigada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos. La continuación en el trámite legislativo para la aprobación de la ley que permitiría la mencionada condonación, y que ya había recibido aprobación en primer debate, se detuvo luego de publicaciones de LA REPUBLICA donde se señalaban las aparentes irregularidades. Habrá que esperar ahora para conocer los resultados de la investigación iniciada por el Ministerio Público, pero cabe señalar que, más allá de las resultas, es importante el hecho de que esta diera inicio puesto que no es este el único caso en que situaciones irregulares en la función pública quedan sin aclarar luego de la renuncia de uno o más jerarcas a cargo de la o las instituciones involucradas en el hecho. Los funcionarios públicos tienen por imperativo legal la obligación de denunciar cuando conozcan de un eventual delito. En el caso que hoy nos ocupa, es necesaria la investigación para que se determine si existió o no algún hecho que pudiera tener responsabilidad penal. Solo investigándose cada caso y llegándose a esclarecer responsabilidades de cualquier tipo, es posible asegurar que haya la tan necesaria probidad en la función pública y que, cuando no la hubiere, se llame a cuentas a quienes incumplieron con su deber. El espíritu que debe prevalecer en este tipo de controles, no es el de perjudicar en modo alguno a las instituciones del Estado que, por el contrario, deben ser fortalecidas para que cumplan con su misión en forma eficiente y transparente. Se trata más bien de que prevalezca el desempeño de responsabilidades con probidad y eficacia como ejemplo a seguir y como norte que guíe siempre las acciones de las entidades públicas, en la certeza de que si así no ocurriere habrá investigación y castigo en caso de hallarse culpables. Es parte de la tarea de devolver credibilidad e integridad a las instituciones del Estado llamadas a jugar un papel en la administración del país y en el control del accionar del mercado.

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