La inseguridad amenaza
El reporte de delitos reales es siempre inferior a la cantidad de los que se cometen
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 21 octubre, 2010
El aumento de la inseguridad ciudadana preocupa a la mayoría de los costarricenses, según la encuesta CID Gallup de finales de setiembre.
Se acercan las fiestas de fin de año, el Ministerio de Hacienda prometió el pago de aguinaldos sin contratiempos y el comercio empieza a decorar sus escaparates con motivos navideños. Comienza, pues, la delincuencia a preparar su agosto.
Se debe aclarar que el despliegue mediático, en ocasiones exagerado, infunde en el ciudadano un recelo mayor al que en realidad debe sentir, es la diferencia entre la inseguridad real y la inducida; posiblemente a este fenómeno se refería la señora Ministra de Seguridad de la administración anterior, cuando habló sobre “un asunto de percepción”.
Sin embargo, también es cierto que el reporte de delitos reales es siempre inferior a la cantidad de los que se cometen. A veces el ofendido tiene pruebas y el apoyo policial necesarios para presentar los cargos pero declina hacerlo, simplemente porque en la denuncia consignaría su número de teléfono y dirección domiciliar, con lo que se expondría a la retaliación de la delincuencia.
No podemos los costarricenses esperar hasta que los gobiernos solucionen la desigualdad social y económica, es un objetivo de largo plazo.
El caso es que el mal empeora, los resultados siguen demorándose y las brisas navideñas podrían traer más dolor y muerte a los hogares. Los logros de las acciones emprendidas por la nueva administración más parecen destellos fugaces que soluciones permanentes.
Un elemento ha faltado en esta lucha, que quizás sea piedra angular en el muro contra el hampa, se trata de una rendición de cuentas por parte de los funcionarios a cargo del tema; las autoridades de seguridad deberían ser responsables social y jurídicamente ante la ciudadanía por los resultados de su labor.
En cuanto a los diputados, no pueden limitarse a actuar como dispensadores de leyes, sino exigir cuentas al Ejecutivo sobre esta emergencia nacional.
Los gobernantes prometieron ante los votantes atacar el problema, por tanto deben ofrecer soluciones concretas y cuantificables. Un Estado que no puede mantener a los ciudadanos con vida, evidentemente habría perdido su razón de ser.