La independencia judicial en Costa Rica

No tenemos un Poder Judicial perfecto, ¿dónde hay uno?, pero vale la pena resaltar aquello que parece positivo

La independencia judicial en Costa Rica

Es cierto que la justicia es lenta, y a veces miope, es cierto que hay jueces que se para el sol a verlos, es verdad que hay anécdotas de horror, como la de una jueza que anuló una indagatoria que se le hizo a un argentino porque dijo que faltaba un traductor y “todos sabemos que los argentinos hablan brasileño” (sic).

O es igualmente cierto que hay jueces que dentro de la numerosa lista de nombres que componen la judicatura costarricense han cometido faltas, incluso, algunas delictivas. Desde luego, eso afea al aparato de justicia; desde luego eso no debería repetirse.

En medio del culebrón OIJ-Navas, que, sin frivolizarlo, para mi gusto acabó planteado desde una rotunda exageración, no sé si por mala fe o por simple ignorancia, hablar bien de la justicia puede parecer una temeridad.

Pero hay que hacerlo, porque cuando tenemos semanas leyendo noticias que pintan un panorama muy sombrío, de nuevo, en mi opinión, hiperbolizado, habría que reconocer, porque no todo es una tragedia, que algo bueno se ha hecho en el país por tener un sistema judicial que funcione razonablemente bien.

Según The Global Competitiveness Report, Costa Rica es junto a Chile y Uruguay, con diferencia del resto de la región, el tercer país con mayor independencia judicial en América Latina. Incluso está bastante por encima de países europeos, como España o Italia, a los que tradicionalmente se les suele ver, por esa suerte de colonialismo intelectual del que no logramos despojarnos, como referentes para los nuestros. Se podría cuestionar el trabajo desde el punto de vista metodológico, es verdad, pero difícilmente la seriedad con la que se hace y el prestigio con el que cuenta. Pero, lo más importante, es que no es el único.

Estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero es necesario recordar que todos esos derechos que desfilan por normas jurídicas requieren jueces independientes capaces de garantizar su cumplimiento, de lo contrario, nada, un saludo a la bandera, jueces independientes cuyas decisiones no obedezcan a la voluntad de un “mandamás”, de fuera o de dentro.

Hace cerca de un cuarto de siglo, los países latinoamericanos se embarcaron en un largo proceso de reforma judicial, la mayoría de las veces aupados por las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, aunque también impulsados por otras motivaciones, como el caso de Costa Rica. Los resultados han sido diversos.

Quizás suene a prehistoria, pero unos pocos años antes de que acabara el siglo XX, los nombramientos de los jueces respondían, en buena medida, al criterio absolutamente subjetivo de los magistrados —los famosos y nefastos mayos negros—. Sus nombramientos se renovaban cada cuatro años de acuerdo, en definitiva, al estado de ánimo de los jerarcas.

En este tiempo, se ha creado un sistema de carrera judicial que concede mayores niveles de objetividad a la selección y, luego, y no menos importante, de estabilidad en el cargo; dos elementos cruciales si de independencia se trata.

Si hoy aparecen trabajos como The Global Competitiveness Report, que puntúan alto al país en materia judicial, pues la conclusión es que hay cosas que se han hecho bien.

No todo está resuelto, ni las influencias, externas e internas, están conjuradas por completo; tampoco es para tirar cohetes, no tenemos un Poder Judicial perfecto, ¿dónde hay uno?, pero también vale la pena resaltar aquello que parece positivo.

Marco Feoli

Abogado constitucionalista