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No hay costarricense que esté en desacuerdo con el principio constitucional de proveer justicia pronta y justicia cumplida. Nadie desea justicia tardada y justicia injusta. Sin perjuicio de ello es fundamental hacernos la reflexión de qué buscamos realmente al estigmatizar a los magistrados, impulsar el descrédito del Poder Judicial y el principio de separación de poderes así establecido en todas las constituciones desde nuestra independencia.
No hay gobernante sensato que no haya conocido de manera clara que los recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes para agilizar la justicia. Si el 6% del Presupuesto Nacional se dedicara a la judicatura otro gallo cantaría, pero ese seis por ciento debe de ser compartido con el Ministerio Púbico, la OIJ, la Defensoría Pública y Víctimas y Testigos. Ningún líder político es ajeno en su conocimiento a que en razón de la situación fiscal de Costa Rica y como consecuencia de la Regla Fiscal llevan años congeladas las plazas del Poder Judicial y por ende de la judicatura y las otras dependencias. Quejarse de que los juzgados de Costa Rica no han logrado mejorar sustancialmente la velocidad de sus sentencias y resoluciones parece de lo más insensato cuando no se puede contratar un solo funcionario que mueva papeles, o jueces suplentes que ayuden a acelerar las resoluciones en alcaldías, juzgados y salas.
Se señala en tono de regaño al Poder Judicial por las presuntas omisiones en que ha incurrido y sus planes para generar justicia pronta y cumplida. El Poder Ejecutivo debe también detallar lo que desea y propone hacer. El Poder Judicial no debe de ser la excusa a la ausencia de soluciones en materia de seguridad en que presuntamente ha incurrido el Ejecutivo.
Se ha maltratado en estos días a un magistrado recordándole que tiene 84 años de edad y 37 de servir al país. ¿No debería ser la pregunta si hace bien o mal su trabajo, si la justicia que imparte es justa y cumplida? ¿Buscamos acelerar a pesar de la calidad de resultados? ¿Buscamos que salgan rápido las sentencias, aunque no estén bien? Con la serenidad de los años y de su origen campesino el magistrado, con la altura de los costarricenses de siempre escuchó con paciencia. Una larga vida de 84 años da la mansedumbre y asienta la sabiduría que pocos años no logran. Ochenta y cuatro años entienden que se cazan más moscas con miel que con hiel.
¿Hay dentro de los códigos procesales de las diferentes vertientes del derecho en nuestros tribunales elementos que permitan acelerar las resoluciones? ¿Quiénes son los expertos en procedimientos, métodos y sistemas que se han pronunciado sobre la necesidad de variarlos para ganar en velocidad sin perder la profundidad?
El Poder Judicial no es un poder político sujeto al debate que la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo llevan adelante. El Poder Judicial es un árbitro no un contendiente. Dicho esto, es necesario señalar que, así como los ministerios en el Poder Ejecutivo deben de revisarse, actualizarse, fusionarse y ponerse a tono con los tiempos de la inteligencia artificial, algo similar debe de hacerse con los procedimientos, los alcances y el espíritu de urgencia y de excelencia que debe de prevalecer en la administración de justicia.
Escuché con atención a un abogado señalar en días pasados que los magistrados no deberían atender la administración del Poder Judicial. Hay mucho de cierto en ello. Leí a otro abogado expresar su objeción de que algún magistrado escribiera resoluciones de más de dos mil páginas por el tiempo que ello conlleva en momentos en que debería escribir cuatro o cinco resoluciones diarias y también lleva razón en lo dicho.
Nada tiene que ver ni remotamente la separación de poderes con las críticas de justicia pronta y cumplida que hoy se hacen al Poder Judicial. Señalo esto ya que me pareció leer que alguien solicitó al Poder Judicial que los políticos o los gobernantes estuvieran exentos de toda acusación y los funcionarios fueran pagados de toda causa penal en que estuvieran involucrados a pesar de la existencia de la defensa pública. ¿Está acá la raíz del cacho, la raíz de los ataques a los Magistrados a los que se quiere dominar para evitar causas contra quienes gobiernan? ¿No es eso volver a la impunidad del régimen denominado el despotismo ilustrado?
