La actual campaña electoral

Arnoldo Mora mora_arnoldo@hotmail.com | Viernes 03 marzo, 2017

Esta campaña debe ser asumida como una cruzada cívica en la que los ciudadanos deben levantar su voz y apoyar a los candidatos que se comprometan ante la Patria a consolidar el Estado Social

La actual campaña electoral

El comienzo del presente año nos lanza de lleno a la campaña electoral; cosa nada novedosa en nuestra tradicional cultura política. Lo normal en nuestro país es que se den ciclos políticos que dividen el cuatrienio en segmentos, en los cuales la actividad política es asumida por los ciudadanos de manera diferente aunque siempre muy agitada y, con frecuencia, llena de novedades. El primer año de la Administración es apenas para hacer cambios de personal y asumir las responsabilidades de gobierno; como fue en este último caso, en que llega al poder un partido que nunca había estado en Zapote y que —peor aún— carecía de mayoría en el Congreso. Un gobierno de minoría y novato. Eso explica en gran medida los errores que se cometieron, sobre todo con el nombramiento de amigos en puestos en que se requería una gran madurez y amplia destreza políticas. El caso que más ruido provocó fue el del nombramiento del Ministro de la Presidencia, que se ha convertido en una especie de cuasi primer ministro. Nombramientos como este fueron un fiasco que costó muy caro al presidente Solís, a pesar de que este no era un bisoño en materia política, pues desde muy joven estuvo incorporado activamente en las filas del Partido al que derrotaría como paso previo para asumir la primera magistratura, y donde ocupó altos puestos como el de secretario general. Sin embargo, lo que en mayor medida ha afectado al gobierno actual ha sido la ausencia de un partido que secunde sus decisiones políticas de mayor trascendencia. Luis Guillermo ha tenido que gobernar con un partido dividido y en permanentes conflictos dentro de sus propias filas, hasta el punto de que su mayor adversario ha sido nada menos que el fundador del PAC, actual y mediático diputado, Ottón Solís.
El segundo año del cuatrienio, es el que en realidad se ha hecho para gobernar en el sentido fuerte del término, que consiste en tomar las decisiones consideradas más importantes, a fin de hacer realidad el programa de gobierno que el pueblo aprobó mayoritaria y democráticamente. Gracias a una coalición, el partido gobernante ganó el primer año la presidencia y la mayoría del directorio de la Asamblea Legislativa, pero no lo pudo mantener en los años sucesivos.
No ha sido sino en este tercer año de gobierno que el Presidente como persona, y con él, el gobierno en su conjunto, ha logrado recuperar significativamente popularidad e imagen ante sus conciudadanos. Esta tendencia no parece que se vaya a revertir negativamente para el gobierno en este último año, sobre todo si logra completar algunas obras de infraestructura de gran necesidad. Sin embargo, en su último año el gobierno va paulatina pero inexorablemente cediendo su protagonismo en beneficio de los partidos políticos. Estos se ocupan de nombrar a sus candidatos y hacer públicos sus programas de gobierno ya desde la primera mitad del año; en la segunda mitad, la campaña electoral absorbe los principales espacios de los medios de comunicación y los partidos invierten millones a fin de atraer la atención de un electorado cada vez más reticente. Zapote y Cuesta de Moras van perdiendo interés y, finalmente, luego de las elecciones del primer domingo de febrero y en los meses finales, casi nadie se (pre)ocupa del gobierno saliente, ocupada como está la opinión pública en los nombramientos que hará el nuevo jefe del Ejecutivo y en la composición de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Hacer pronósticos en torno al resultado de las próximas elecciones constituye, a estas alturas, un ejercicio tan incierto como superfluo en un mundo tan fluctuante como el de la política actual. Por lo que lo realmente importante en esta coyuntura de la política nacional es asumir con toda seriedad la gravedad del momento histórico que vivimos como nación. La crisis mundial que golpea a ese infame modelo económico y político que le fuera impuesto al mundo desde los nefastos días de Reagan y Thatcher, ha llegado a un punto álgido con la llegada a la Casa Blanca de Ronald Trump, un outsider pero con gran poder económico. Su ultranacionalismo (America First), lo ha llevado a cuestionar los dogmas ideológicos en que se inspiran los tratados de libre comercio, provocándole un sinnúmero de enemistades, incluso entre los aliados estratégicos de su país, en la Unión Europea y América Latina (México en particular). Lo cual ha hecho que no pocos aliados en la región (Costa Rica incluida) dirijan ahora sus miradas con un guiño de esperanza y angustia al Oriente, donde China se perfila como el gran socio, por no decir hermano mayor.
Sin embargo, el reto mayor para el país se da en el ámbito de la política interior. Desde la convulsiva y decisiva década de los años 40 del siglo pasado, nuestro pueblo logró su mayor avance político plasmado en la Constitución de 1949, cual es el de consolidar el Estado Social de Derecho. Allí se ratificaron, al más alto nivel, las medidas revolucionarias que, sobre todo en 1943, se venían gestando ya desde los lejanos días de ese gran estadista que fue don Alfredo González Flores. La función del Estado no es solo garantizar la seguridad física y material de los ciudadanos y la integridad del territorio nacional, sino también y en no menor medida, promover el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en periodos de crisis económica, consolidando así el Estado de Derecho, que fue instaurado por la Generación del Olimpo durante las primeras décadas de ese siglo. Pero el Estado de Derecho enfatiza una concepción de la ley en su carácter punitivo. La ley garantiza la libertad y, por ello mismo, penaliza con toda la violencia institucional del Estado, a quien violente o amenace dicha libertad. El derecho penal se convierte en el centro, por no decir, en la razón de ser, del Estado de Derecho, si bien con ciertos controles tanto legales como políticos y constitucionales (“pesos y contrapesos”). En la sociedad civil, el principio de que la presunción de la ley está en favor de la libertad, fundamenta y legitima aquel otro principio que estipula que todo sea permitido excepto aquello que la ley explícitamente prohíbe; por lo que en materia de derecho público se establece lo contrario. Pero al darse las reformas sociales y, con ello, crearse el Estado Social, a este se le asignan otras funciones. El Estado tiene como función proteger a los trabajadores promoviendo y garantizando sus derechos. La presunción de la ley siempre estará del lado del trabajador, como perentoriamente lo establece nuestro Código de Trabajo. La mejor manera de promover la libertad es atacar las causas de la violencia, siendo la principal aquella que tiene su raíz en la injusticia social y en la desigualdad entre los sectores que configuran el cuerpo social. Con las políticas impuestas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y con gobiernos identificados con estas nefastas ideologías, la brecha social ha venido ampliándose; lo cual ha hecho que, para desgracia de nuestro pueblo, Costa Rica tenga hoy el lamentable récord de ser el país en Nuestra América —ya de por sí la región más desigual del planeta— en el que más ha crecido y se ha agrandado dicha brecha. Esta es la causa del aumento de las redes de narcotraficantes que pululan por doquier y de la violencia callejera que está provocando la mayor cantidad de muertos y heridos actualmente en nuestro país.
Por todo lo dicho cabe concluir que esta campaña electoral que recién hace sus primeros balbuceos, no debe ser vista como una simple rutina del ejercicio de la democracia electoral, sino como un desafío para la gran mayoría de los costarricenses que ven amenazado su mayor logro en la historia política de este país: la vigencia del Estado Social de Derecho, que se concreta en el derecho del pueblo al trabajo y salario dignos, a la salud y a la educación, lo mismo que a la seguridad ciudadana. Esta campaña debe ser asumida como una cruzada cívica en la que los ciudadanos deben levantar su voz y apoyar a los candidatos que se comprometan ante la Patria a consolidar el Estado Social. La campaña electoral debe ser una escuela de civismo. Los debates deben servir para que el pueblo acreciente su conciencia ciudadana y asuma un mayor protagonismo en la conducción de los destinos de la Patria, como corresponde a los hijos legítimos de los héroes de 1856. Esta campaña puede y debe ser el inicio de una etapa histórica en que nuestro pueblo logre mejores y mayores niveles de justicia social, democracia real, directa y participativa.

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