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En más de 200 años de historia, la justicia costarricense nunca enfrentó ataques tan violentos y sistemáticos por parte del poder político y criminal al mismo tiempo.
Esa es la principal conclusión del Estado de la Justicia 2025, dado a conocer este jueves al país.
De acuerdo con los investigadores, el propio presidente Rodrigo Chaves se ha encargado de minar la confianza en el sistema de justicia, atacando a jueces, fiscales, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial.
Por otra parte, la guerra entre bandas narcotraficantes por territorio ha generado una ola de violencia sin precedentes en Costa Rica y con ello, cifras récord de homicidios en los últimos dos años, a la vez que el 2025 va por el mismo camino al llegar a la mitad del año.
Como parte de esta violencia, destacan atentados de grupos delictivos contra instalaciones y altos funcionarios del sistema de justicia, lo cual, “es un hecho novedoso que ha obligado a la institución a dedicar recursos para su seguridad”.
Para los investigadores, las constantes críticas del Ejecutivo al Poder Judicial son una anomalía en la historia política reciente de Costa Rica y provocan una confrontación que compromete el abordaje de las necesidades del país.
Esto último es fundamental al considerar que para los costarricenses la principal problemática está relacionada con la inseguridad.
“La persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tiene precedentes desde el advenimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo pasado (…) Estas arremetidas constituyen una anomalía en la historia política reciente de Costa Rica, pues entre los años 1900 y 2022 no se registraron ataques a la integridad del Poder Judicial como ocurre en la actualidad en detrimento de la calidad del sistema democrático. Con la llegada de la administración Chaves se inauguró un nuevo estilo de liderazgo, marcado por el antagonismo como método para obtener y mantener la iniciativa política”, identifica el documento.
En ese sentido, el Estado de la Justicia destaca que los ataques del mandatario contra el sistema judicial son más virulentos cuando hay de por medio una acción judicial contra el gobierno o alguno de sus jerarcas, como sucedió en el caso de Pista Oscura, o bien, con los allanamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la detención de Marta Esquivel, exjerarca de dicha institución.
“El monitoreo de las conferencias de prensa del presidente permite identificar que el nivel de agresividad del Ejecutivo aumenta cuando el Judicial interviene en asuntos que involucran al presidente de la República o en alguna de sus iniciativas, usualmente por actos investigativos de los casos penales contra el Gobierno; o cuando la Sala Constitucional ha encontrado roces constitucionales en asuntos prioritarios de la actual administración, como ocurrió con el proyecto de ley llamado “Jaguar” o con los pronunciamientos en defensa de la libertad de prensa”, agregó el informe.
Como parte de esta dinámica, el Poder Judicial se enfrenta a un clima de desconfianza y alta demanda de servicios.
Y es que más de dos tercios de la población (69%) expresan críticas sobre el desempeño del sistema de justicia. De este grupo, la mitad considera corruptos a los jueces y las juezas y un 71,9% de las personas encuestadas considera que no se castiga a los culpables de delitos.
Precisamente, el mandatario Chaves se ha encargado de denunciar una supuesta corrupción en la cúpula del Poder Judicial y al mismo tiempo, ha señalado una y otra vez que la justicia tica es laxa, o mejor dicho, alcahueta con los delincuentes.
Pese a ello, los costarricenses en su mayoría destacan la independencia del sistema judicial.
“Sin embargo, hay una cantidad considerable de personas, incluso aquellas que son críticas, que valora positivamente la independencia del Poder Judicial ante otros poderes del Estado, rasgo que comparte mayoritariamente la población y que se constituye en una base de legitimidad que debe protegerse. Un 31,5% del total posee una evaluación general positiva hacia el sistema judicial, confía en la objetividad de los jueces y las juezas y respalda que las decisiones judiciales deben ser independientes, de acuerdo con el Informe”, indica el informe.
