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Con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores y fortalecer el sistema de pensiones en Costa Rica, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) solicitó a los diputados legislar en favor de tipificar la elusión y la evasión al pago de cuotas obrero-patronales como delito.
Desde el 2022, Jupema ha promovido una Hoja de Ruta para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, destacando la importancia de penalizar la elusión y la evasión de las cuotas a la seguridad social por parte de los patronos.
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Actualmente se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley presentado por el diputado Horacio Alvarado del PUSC, el cual contempla el establecimiento de delitos contra la seguridad social, por lo que sería importante que este tema avance en su discusión.
Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, subrayó la urgencia de esta medida.
“La elusión y la evasión al pago de cuotas obrero-patronales afecta gravemente a los trabajadores, comprometiendo su derecho a una pensión digna. Es imperativo que esta práctica sea considerada un delito, especialmente en el sector educativo privado, donde la morosidad alcanza cifras alarmantes y cada vez se hace más difícil de recuperar”, dijo Arias.
En este sentido, recientemente Jupema denunció públicamente la morosidad de 193 centros educativos privados a nivel nacional, con una deuda total de ¢4.786 millones.
Esta situación afecta directamente a 2.457 trabajadores, quienes enfrentan incertidumbre sobre su futuro jubilatorio debido a las deudas de sus empleadores.
“En el caso del sector educativo privado, pese a las multas, procesos de cobro judicial y la existencia del delito de retención indebida de las cuotas obreras, pareciera que hay un grupo de estos centros que nada los asusta porque recurren a mecanismos como una especie de ‘modus operandi’ para no pagar las obligaciones con la seguridad social, esto requiere ser considerado como una conducta delictiva en detrimento de la seguridad social. Esta medida sería de beneficio para los trabajadores de todos los regímenes de pensiones que sufren la misma situación”, agregó Arias.
En cuanto a la gestión de cobro, Jupema ha logrado recuperar significativas sumas por concepto de planillas morosas y acuerdos de pago.
Durante el 2023, se recuperaron ¢558,7 millones, evidenciando un esfuerzo continuo por parte de la institución para mitigar los efectos de la morosidad.
Cabe destacar que la Ley 10.078 establece el delito penal de retención indebida de las cuotas obreras cuya sanción es de 6 meses a 10 años de prisión, esto en casos en que los patronos deduzcan las cuotas, pero no las trasfieran a Jupema, la cual puede elevarse en un tercio dependiendo de la gravedad del dolo.
Ante esta problemática, Arias exhortó a los trabajadores a verificar regularmente el estado de sus cuotas obrero-patronales y a denunciar cualquier irregularidad.
Para asistencia y denuncias, Jupema habilitó la línea telefónica 2284-6439 y un formulario de denuncia disponible de manera física en sus sucursales.
En caso de quienes cuentan con firma digital pueden solicitarlo al correo supervision@juntadepensiones.cr, llenarlo, adjuntar las pruebas requeridas y reenviarlo a esa misma dirección electrónica.
Este esfuerzo administrativo busca no solo asegurar el derecho de los trabajadores a una pensión digna, sino también fortalecer la integridad del sistema de seguridad social en Costa Rica, promoviendo la responsabilidad empresarial y la protección efectiva de los derechos laborales.
