Inversiones depredadoras
Alvaro Madrigal cuyameltica@yahoo.com | Jueves 22 mayo, 2008
De cal y de arena
Alvaro Madrigal
El Tribunal Ambiental Administrativo desató la ira de los nuevos dioses. El celo con que ha asumido las tareas a su cargo, dirigidas a recomponer —si es que aún hay tiempo para ello— el patrimonio ambiental tan venido a menos, lo ha colocado en línea de colisión con la inescrupulosa codicia de unos nuevos ricos que, para desgracia de la Naturaleza, han encontrado cobijo y aliento en las estructuras del poder político. El Tribunal ha topado con montañas arrasadas, humedales destruidos, fuentes acuíferas explotadas en demasía y licencias para desarrollos urbanísticos curiosamente otorgadas o con sus alcances deformados por una imperdonable tolerancia, lo han obligado a clausurar obras e iniciar procesos sancionadores que han de causar cuantiosas pérdidas patrimoniales para unos cuantos pero portentosas lecciones de valentía e integridad para los más. Desató, así, las iras de concupiscentes empresarios que anteponen su interés personal al del país y que hoy mueven —como lo denunciaron los integrantes del T.A.A.— cielo y tierra para decapitarlos. Si ayer don Quijote advirtió a Sancho Panza de las secuelas que sobrevendrían tras dar con la iglesia, hoy estaría advirtiéndole al Tribunal Ambiental Administrativo el significado de chocar con esa madeja de intereses que promueve el turismo depredador y la traída de inversión extranjera a cualquier precio. De nuevo, una manifestación más de que las oligarquías son intolerantes porque se gobiernan por la ley de hierro.La ofensiva de los insaciables va por todos los frentes aprovechando los espacios que deja un Estado deliberadamente desguazado hasta reducirlo a la impotencia, haciendo aflorar —lo dice el último Informe sobre el Estado de la Nación— la tensión entre el notable crecimiento económico y la protección ambiental. Véanse los hechos con las fuentes de agua en Sardinal de Carrillo. Y también el plan para engullir las islas. La Universidad Estatal a Distancia se ha hecho eco de la lucha a mano pelada que están dando los vecinos de Isla Caballo para derrotar un plan turístico de gran envergadura que pasa por ocupar el 60% de su territorio dejándoles solo 2,5 hectáreas para reubicarlos, el cual apadrina un alto funcionario de la actual administración. Claro, primero hay que ceder a las presiones de un partido político que lucha denodadamente por “privatizar” las islas que en Costa Rica, hasta hoy, son patrimonio del Estado. Pero esas son cuestiones de forma posiblemente salvadas por los soterrados arreglos habidos “con premeditación y alevosía” para amarrar los 38 votos. ¿No será este el mismo amparo de la resolución del Consejo de Gobierno del 18 de abril que usurpa competencias de la Asamblea Legislativa en materia de uso de aguas para generar electricidad?
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