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Más allá del tema puntual del contrato de préstamo con China para ruta 32, hay que analizar si hemos dado un paso adelante en la tarea de aprender a negociar, de modo conveniente, contratos con otros países o empresas, nacionales o extranjeras, de forma que ambas partes ganen lo justo y no se pierda el tiempo


¿Hemos aprendido a negociar contratos?


El país debe seguir adelante aunque en estos días, como es lógico, la atención se haya centrado bastante en las consecuencias de una reunión entre Ana Lorena Brenes, procuradora general de República y el hoy exministro de la Presidencia Daniel Soley.
El tema está en proceso de investigación por parte de las más altas autoridades del Gobierno y esperamos que tenga pronta resolución ya que múltiples asuntos, de gran importancia también para el país, deben ser atendidos.
Entre ellos, reviste urgencia el tema de nuestra infraestructura vial.
Analizar, por ejemplo, los resultados del viaje del presidente Solís y el ministro Carlos Segnini a China para renegociar las condiciones de los contratos de préstamos con ese país asiático.
En ese sentido, Segnini logró convencer al presidente del Exim Bank de China para incluir una adenda en la que se indique que ningún bien público de los que se establece en nuestra Constitución podrá ser sujeto de reclamo del Gobierno chino.
Sobre otros aspectos que se querrían incluir en la adenda, como cambiar la sede de un posible futuro arbitraje, para que aquella no sea Beijing como actualmente está definido, porque este sería parte interesada en la cuestión, están aún aparentemente en proceso de negociación.
Sin embargo, lo que hoy nos ocupa va más allá del tema puntual de este contrato de préstamo con China.
Se trata de analizar si hemos dado un paso adelante en la tarea de aprender a negociar, de modo conveniente, contratos con otros países o empresas, nacionales o extranjeras, de forma que ambas partes ganen lo justo y no perdamos tiempo.
Debería Costa Rica contar para ello con equipos interdisciplinarios de probada calidad ética —integrados sin que ello signifique más nombramientos públicos— capaces de estudiar a muy corto plazo los posibles contratos y dar adecuado seguimiento a sus cumplimientos, llámense estos concesiones u otros.
El sector público tiene profesionales y asesores suficientes para esas tareas y para rendir cuentas no solo a sus superiores sino a los costarricenses, de modo transparente y fácil de comprender.
Venimos de una deficiente capacidad de negociar contratos y rendir cuentas sobre su conveniencia y posterior cumplimiento.
Esto es, entre otros, lo que debería ocupar principalmente a nuestras autoridades porque las experiencias deben servirnos para aprender.
Costa Rica debe exigir un trato de socio —no de súbdito— en todos los casos. El Gobierno debe rendir cuentas de que así suceda, especialmente cuando las obras se hagan con el dinero de los contribuyentes.

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