Hablemos de la Caja

En los últimos días ha trascendido la convocatoria del Poder Ejecutivo del Proyecto de Trabajador Independiente 21.434, que busca regular esta figura en el marco de la relación con la Caja Costarricense del Seguro Social, esto es de celebrarse y no es cosa menor.

Cuando la CCSS presta sus servicios logra salvar y curar a miles de costarricenses, no hay que ser mezquino y amerita reconocerse; sin embargo, debemos aceptar que hay muchísimos aspectos que se deben mejorar: programación de citas y calidad de servicios; disponibilidad de medicamentos; tercerización de servicios, entre otros.

Un aspecto mucho más preocupante, es la toma de esta institución por parte de unos pocos mandos medios, que han convertido a este bastión costarricense en una entidad que, en lugar de invitar a las personas a afiliarse, los escupe con su dogmatismo ideológico y políticas fascistas a la informalidad. En la mente de estas personas, a la Caja hay que protegerla por la Caja misma, sin importar que en el camino se pase por encima de los que realmente importan: los costarricenses.

Muchísimos compatriotas, sobre todo los pequeños, en lugar de ver a la CCSS como un sitio de seguridad y alivio, la ven como una pesadilla, como el mayor obstáculo para emprender y trabajar.

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

En mi despacho nos hemos abocado a trabajar en este tema y pedimos a la CCSS cifras que para nosotros son reveladoras:

Del universo total de trabajadores independientes, que se estima entre 500,000 y 600,000 personas, un poco más de 200,000 se encuentran inscritas en la CCSS. De entrada, se nota cómo solo una tercera parte de estos independientes se encuentran actualmente inscritos, asimismo, de esas 200,000 mil personas inscritas, un poco más de 100,000 se encuentran morosas (117,827 para ser exactos).

No sé a ustedes, pero a mí se me hace muy difícil pensar que la mitad de las personas que se encuentran inscritas quieran deberle a la CCSS. De la misma forma sería estadísticamente imposible que todas estas personas sean grandes profesionales liberales (doctores, abogados, ingenieros) que deban sumas importantes. Estas personas NO SON grandes profesionales, son personas que emprenden, son pulseadores que se han visto sujetos a un sistema perverso. Para empezar, ¿sabían ustedes que los independientes tienen no solo que pagar impuesto sobre la renta, sino que el porcentaje de su ingreso que pagan a la CCSS es casi que el doble que lo que pagan los asalariados? Es sencillamente irracional.

Por otro lado, tenemos a los patronos. De la información remitida por la CCSS, al día de hoy casi 15,000 patronos se encuentran morosos con la institución. Esto es de suma trascendencia, pues la narrativa de los dogmáticos defensores de la CCSS y de los partidos políticos que han hablado por la institución, es que estos patronos son grandes empresas evasoras. Nada más alejado de la realidad. Los números -que no mienten- establecen que el 99.8% de estos patronos son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, o sea, los de abajo. Aquellos que más necesitan alivio y ayuda.

Remitiéndonos a los números y a esta ideología de unos pocos que han tomado esta institución, es que no nos debe extrañar el que dos terceras partes de los trabajadores independientes prefieren permanecer en el anonimato, ya que, de acercarse a la institución les puede pasar como a muchos otros, que la CCSS se vaya a hurgar y cobrar por actividades de hasta 15 o más años hacia atrás.

Esto ha producido que se registren falsas deudas, que son impagables para cualquier persona. Por eso es importante que se aclaren las reglas del juego para evitar abusos, ahí es donde entra precisamente el proyecto en el que hemos estado trabajando en conjunto: Casa Presidencial, el Partido Liberal Progresista y el Partido Unidad Social Cristiana y el cual marca la cancha sobre el plazo de prescripción de las deudas con la Caja.

¿QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN?

La prescripción es una institución importante; pero mal entendida por algunos.

Algunos medios confunden a la opinión pública diciendo que en la Asamblea Legislativa se busca “PERDONAR” las deudas con este proyecto. Nada más alejado de la realidad. La prescripción es una figura legal que existe desde hace miles de años y que justifica la extinción de las obligaciones. En nuestro país está claramente delimitada en derecho desde hace siglos.

Las obligaciones se cumplen o extinguen por diversas razones:

(a) Por el pago, cuando se cancela cualquier deuda; (b) Por la compensación: Luis le debe a Pedro 100 colones, Pedro le debe a Luis 125. Dado que ambos se deben, compensan 100, y solo queda Pedro debiendo 25 a Luis; (c) Por la condonación, este SÍ es el perdón de las deudas. Debo 1000 y mi acreedor me los perdona; y finalmente por (d) La Prescripción. Por ley se establece que un acreedor debe cobrar en un tiempo establecido a sus deudores, esto es importante para que exista certeza y seguridad jurídica. Las deudas no pueden ser perpetuas si el acreedor no manifiesta interés por cobrarlas. Juan le debe a Rosa una factura por servicios. (El plazo establecido en el Código de Comercio para el cobro de una factura es de hasta 4 años). Si Juan no hace gestión cobratoria siendo exigible la deuda y pasan más de 4 años (que es mucho tiempo) esa obligación se extingue. Eso es lo que busca este proyecto: Que la CCSS no pueda cobrar deudas más antiguas a 4 años (contados desde que estas deudas sean exigibles o desde que la CCSS haya hecho su gestión cobratoria) para dar CERTEZA y SEGURIDAD JURÍDICA al sistema.

Aquí no hay perdón alguno de deudas. Se establece, eso sí, que la CCSS haga una gestión adecuada del manejo de las deudas. En otras palabras, que sea un acreedor responsable. Algo que es importante, y que no he visto mencionado en ningún medio, es que la CCSS, como cualquier acreedor podrá INTERRUMPIR la prescripción. ¿Qué es esto? Como parte de la institución legal misma, si el acreedor, en este caso la CCSS, hace gestión de cobro responsable, el plazo de 4 años se puede interrumpir.

Digamos que yo tengo una deuda con la CCSS y que por alguna extraña razón no me han cobrado en 3 años 11 meses y 28 días. Si antes de que se cumplan los 4 años la CCSS hace gestión cobratoria (que inclusive no tiene que ser judicial, sino una simple notificación de la deuda), la prescripción se interrumpe. Eso quiere decir que empiezan a correr de nuevo los 4 años para que la CCSS haga su cobro, y así indefinidamente.

La prescripción es un instituto que castiga la inacción del acreedor, si el acreedor actúa, las deudas se van a mantener vigentes y la posibilidad de cobrarlas va a estar presente.

¿POR QUÉ 4 AÑOS?

El estándar internacional y de mejores prácticas en materia fiscal establece que las obligaciones de esta naturaleza prescriben entre 3 y 5 años. Nuestra Sala Constitucional ha determinado en varias resoluciones que la naturaleza de las cargas sociales es tributaria (parafiscal). Por esa razón, se adopta como plazo de prescripción 4 años que es el establecido por nuestro derecho fiscal. Las deudas por impuesto sobre la renta, IVA, etc, prescriben en 4 años. Esto no es nuevo, así está en nuestro ordenamiento jurídico.

En la Ley Constitutiva de la CCSS no hay plazo de prescripción. Los mandos medios de referencia han venido aplicando erróneamente un plazo de caducidad procesal (que es algo totalmente distinto a la prescripción), establecido para un supuesto de hecho específico, para determinar plazos de 10 o más años.

Darle a un acreedor 10 o más años para cobrar una deuda es premiar la ineficiencia. Hoy día con el acceso que la CCSS tiene a información cruzada con el Ministerio de Hacienda, incluso el plazo de 4 años es muy generoso.

¿POR QUÉ SE QUIERE INCLUIR A LOS PATRONOS?

No es que se quieran incluir por capricho, sino que se TIENEN que incluir. Aquí es donde el proyecto en discusión tiene un defecto que debe ser arreglado. La prescripción es una institución legal que existe, como expliqué, para extinguir la obligación, la institución no existe por la naturaleza de los sujetos que forman parte de la relación, sino por la obligación misma. No se puede crear una ley, por ejemplo, que establezca que para las deudas de tarjetas de crédito vamos a darle un plazo de prescripción de 4 años a los abogados, y uno de 10 a los médicos. Eso sería no solo ilegal, sino que inconstitucional. Lo cierto es que la naturaleza de la obligación de las deudas con la CCSS es una y el plazo de prescripción debe aplicar para todos los obligados por igual.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE APROBAR EL PROYECTO DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE TAL Y COMO ESTÁ?

La intención de este proyecto es la mejor, de eso no tengo duda, sin embargo, hay que recordar algo que es vital. La Sala Constitucional a través de varios fallos ha delimitado la autonomía de la CCSS, derivada del artículo 73 Constitución Política. Estos han sido fallos nefastos, que en lugar de aplicar derecho han hecho prevalecer el dogma ideológico que posiciona a la CCSS como una torre de marfil lejana e intocable. Estos fallos también limitan el rango de acción de la Asamblea Legislativa y hay que tener cuidado para que las leyes no violenten esta mal limitada autonomía, ya que, en caso contrario, podrían terminar siendo declaradas inconstitucionales, por acción de la CCSS misma o por la consulta de constitucionalidad de diputados que avalan el dogma institucionalista.

El proyecto en mención contiene todo un régimen de regulación del Trabajador independiente, lo cual, en criterio de varios expertos, y el trabajo conjunto que hemos realizado con la Casa Presidencial, mi despacho y el de la diputada Daniela Rojas, podría violentar la autonomía de la CCSS en los malos términos que ha sido definida por la Sala. Definir el régimen interno del Trabajador Independiente, así como cuando se genera la obligación, el porcentaje de tarifa, corresponde a la CCSS, a través de la Junta Directiva.

Este proyecto de ley, una vez modificado y aprobado, brindará certeza y seguridad jurídica en un aspecto de la relación del administrado con la CCSS: en qué momento se extingue la obligación. Para todo lo demás, será la Junta Directiva de la institución a quien toque tomar las decisiones que en lo personal espero que sean las adecuadas para dar sostenibilidad al sistema de seguridad social del país. Hoy es insostenible.

En definitiva: queremos brindar seguridad jurídica, y hacer en este tema, todo lo que podamos hacer desde la Asamblea Legislativa. No es asunto de favorecer a sectores, empresas o personas. Es buscar que los más necesitados -donde los números no mienten-puedan tratar de acercarse al sistema que por una defensa ideológica de la institución los rechaza.

Celebro muchísimo el trabajo que hemos podido realizar con la ministra de la Presidencia y la fracción del PUSC, espero que las otras fracciones puedan sensibilizarse a la realidad de no solo los independientes, sino los pequeños patronos, y sumarse a aprobar una ley que más allá del nombre de quien la propuso o los partidos que la impulsamos, sean una regulación técnica (no política) adecuada para el país