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Gonzales sucumbe a presiones políticas

| Martes 28 agosto, 2007




Secretario de Justicia no dio explicaciones sobre renuncia
Gonzales sucumbe a presiones políticas

Legisladores demócratas eufóricos con salida de uno de los más fieles colaboradores del presidente Bush

Washington
EFE


Alberto Gonzales, secretario de Justicia de Estados Unidos y uno de los más fieles colaboradores del presidente George W. Bush, renunció ayer a su cargo al considerar que era “el momento correcto”.
De esta forma, Gonzales puso fin a la sucesión de enfrentamientos con el Congreso en los que se vio involucrado desde que llegó a Washington en 2001.
Gonzales, de origen “mexicoamericano” y el primer hispano en el cargo, no dio explicaciones ayer de su renuncia, efectiva a partir del próximo 17 de septiembre, por lo que la búsqueda de su sucesor ya está en marcha en Washington.
Sin embargo, en la carta que envió a Bush, con fecha del domingo 26 de agosto, Gonzales indica: “éste es el momento correcto para que mi familia y yo comencemos un nuevo capítulo en nuestras vidas”.
Leal a Bush desde que inició su servicio público hace 13 años, Gonzales expresa su “enorme respeto y admiración” por el liderazgo del mandatario de Estados Unidos y concluye la misiva con un “permanezco a su lado”.
Sin atisbos de amargura, destacó que estar al frente del Departamento de Justicia ha sido uno de sus mayores “privilegios” y que, dado su origen humilde como hijo de campesinos mexicanos, ha vivido el “Sueño Americano”.
Al renunciar al cargo, Gonzales deja atrás un período marcado por una férrea y controvertida defensa de la lucha antiterrorista y un creciente círculo de detractores.
Desde Waco (Texas), Bush se deshizo ayer en elogios a la obra y figura de Gonzales, a quien describió como un “asesor leal” y “amigo cercano”, y criticó a quienes, con sus ataques, arrastraron “su buen nombre por el lodo, por razones políticas”.
Bush, que aceptó a regañadientes la renuncia, ha premiado la inquebrantable lealtad de Gonzales con creces: fue secretario de Estado de Texas, miembro del Tribunal Supremo de ese estado y, principal asesor jurídico del mandatario antes de su nombramiento como titular del Departamento de Justicia en 2004 y su confirmación en 2005.
Al final, a Gonzales le quedaban pocos amigos fuera de la Casa Blanca, y el golpe decisivo fue el escándalo generado por el despido de ocho fiscales federales en 2006.
En una audiencia pública el pasado 19 de abril, argumentó lapsus de memoria para no contestar a las preguntas de los congresistas, tanto demócratas como republicanos, que exigieron en más de una ocasión su renuncia por la falta de transparencia.
Pero también hubo asuntos como el maltrato de presuntos terroristas detenidos, las escuchas telefónicas a estadounidenses sin el debido permiso judicial, y hasta las presiones que Gonzales hizo a su antecesor, John Ashcroft, entonces enfermo en un hospital, para que autorizara la continuación de las escuchas.
La renuncia se produce tras una serie de dimisiones de otros funcionarios del Departamento de Justicia y de destacadas figuras como Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa, Dan Barlett, asesor de alto rango de la Casa Blanca y, el pasado 13 de agosto, Karl Rove, principal asesor político de Bush y “cerebro” de su reelección en 2004.
La oposición demócrata y grupos afines reaccionaron ayer casi al unísono con un “ya era hora”, mientras que, del lado republicano, algunos reaccionaron con alivio y, otros, con la idea de que fue un chivo expiatorio.
Tim Lynch, analista del conservador Instituto Cato, explicó a Efe que Gonzales se había convertido en un “lastre” para el gobierno de Bush, que en lo que queda de su mandato quiere evitar más publicidad negativa.
“La renuncia de Gonzales obedece a una combinación de factores, pero se resume en dos palabras: incompetencia y mal manejo” de las controversias dentro del Departamento de Justicia, agregó.
“Las investigaciones del Congreso (sobre su gestión) continuarán y eso debe preocupar a la Casa Blanca”, enfatizó.
El puesto que Gonzales dejará en el Departamento de Justicia lo ocupará de forma interina el procurador general, Paul Clement, hasta que Bush designe a un sucesor permanente.
Entre los nombres que se barajan como posibles sucesores figura el actual secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, que tampoco está libre de controversias; la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Frances Townsend, y el ex subfiscal general, Larry Thompson.








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