Fallo histórico abre puertas

El fallo histórico comunicado por el presidente de la Sala Constitucional la noche del pasado viernes, constituye una pieza de orden fundamental en los elementos de la estabilidad financiera del Estado, la continuidad de la convivencia en sociedad, con apego a los principios fundamentales de legalidad y solidaridad en los deberes de contribuir que tenemos todos los habitantes, en razón de principios de no proporcionalidad y progresividad que permitan el logro de una justicia tributaria material resultante de gravar casi toda manifestación de riqueza que se determine ya sea por el consumo o la renta, conforme lo será una vez que se apruebe el nuevo ordenamiento tributario, así como su respectiva publicación en el diario oficial.

Hay que hacer honor a quien honor merece, en orden de aparición, definitivamente hay que reconocer que el Poder Ejecutivo con diversos protagonistas, lograron no solo activar diversidad de mecanismos para el logro de este objetivo, incluidos los que respectan al manejo de las relaciones legislativas, en su momento criticadas, hoy medidas en su dimensión del acierto, definitivamente apuestas fuertes a romper el paradigma de las tradicionales intenciones de hacer, sin lograr concretar más que perpetuadas discusiones medievales y tribales que logran en el plazo de los primeros seis meses de la administración de don Carlos Alvarado, algo que Costa Rica tenía como deuda consigo misma desde hace muchas décadas. No se puede omitir mencionar también el vértice del manejo hasta la obstinación del movimiento de huelga, que, medido por sus resultados, deja sepultada para siempre al menos a la actual y corrupta dirigencia del sector sindical de nuestro país, siendo las banderas de esa camarilla, la mentira y el terror, sin vergüenza ni respeto a la inteligencia de los ciudadanos que merecemos una Costa Rica para generar bienestar para más personas en un ambiente de paz social, que solo puede surgir de la justicia. Dejó el Ejecutivo en evidencia, las rastreras pretensiones de esa camarilla, que se resiste a escuchar su abrumador réquiem.

Al Poder Legislativo, a que se sumaron con su voto favorable y quienes discreparon oponiéndose a la legislación en el primer debate, dos caras de una misma moneda de construcción en la vida democrática, se compartan o no los criterios usados por unos u otros, todos están a las puertas de dotar a nuestro país de una legislación que se adecue a los tiempos modernos, más inclusiva, aunque con pendientes sectoriales focales e identificados por los propios diputados, que deben pronto retomar una normativa inclusiva de todos, pues la solidaridad requerida solo a algunos, provoca deplorables condiciones en materia de justicia y en manifestación clara de orden distorsivo de la justa competencia empresarial. Cabe incluir en estos grandes pendientes, una revisión profunda de las exenciones y los medios de controlarlas, quedando los andamios ya armados después de la obra mayor, vale la pena aprovechar para la nada despreciable obra menor de pulido del sistema tributario.

Al Poder Judicial en particular a la Sala Constitucional, sin duda, parte fundamental en dar una lección de la función del derecho, cual es ser mediática al logro de unos objetivos, más que valores inertes en sí mismos, siendo esta una votación tan crítica, no solo cumplida en tiempo, como debe ser, sino con un fondo absolutamente diferencial, sin protagonismos individuales, actuando en un espíritu de cuerpo encomiable en un tribunal constitucional que valore, aspectos concretos de indudable consideración como lo es el riesgo económico y el derivado social de este, que sin duda habría provocado decidir en otro sentido al hecho el pasado 23 de los corrientes.

Por último, al sector empresarial de este país, que se tomó en forma seria y frontal la responsabilidad histórica que nos compromete a todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir este punto de inflexión en la vida social costarricense, apostando a tener menos en razón de las consecuencias económicas de las obligaciones derivadas del plan fiscal, donde sin duda de manera consecuente con el entendimiento de que el país está por encima de los intereses particulares, no solo cedió sino que propicio de diversas formas el logro de esta dotación de orden normativo moderno que buscaba sediento el país.

Ahora viene la acción de los sujetos obligados en el ejercicio de sus derechos de organizar sus asuntos empresariales, de la forma que provoque el menor embate posible ante la reforma que se avecina. Este derecho hay que ejercerlo con el deber de cuidado propio del marco jurídico que estará entrando a regir con la legislación indicada, siendo una de las piezas menos conocidas la de la norma antielusión que obliga el razonamiento y documentación apropiadas que sean demostrativos de los motivos económicos válidos, distintos a la búsqueda brusca y abrupta de la mera y pura reducción de las obligaciones, con la introducción del artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Las empresas y personas se han de organizar en plazos muy cortos, para diseñar su hoja de ruta, ya que esta es tan fundamental como lo es el plan de evacuación de edificios en caso de diversas posibles emergencias, ya que estamos ante la emergencia de una nueva legislación, si solo salimos corriendo a hacer cualquier cosa, puede que el remedio sea peor que el mal que se pretende curar. Hay que contar con este plan, tener brigadas internas y externas que atiendan las responsabilidades que se deriven de la ejecución de dichas medidas en un plazo muy corto, seis meses suenan largos hasta que determinamos la cantidad de elementos que cambiaran con la entrada en vigor de esta legislación. Lo peor que puede hacer una empresa o empresario e incluso una persona es quedarse inmóvil sin evaluar el impacto de la reforma o peor aun haciendo lo mismo ante la novedad del marco normativo, están escogiendo ya por la acción incorrecta o por la falta de esta el duro camino de ser víctimas fáciles de sus propias omisiones.