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Ocho de nueve expresidentes de Costa Rica señalaron este martes que la negativa de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV “no constituye un hecho menor”.
Asimismo, señalaron que la inacción por parte del Congreso es una decisión “que pone en riesgo el adecuado funcionamiento” de la Sala Constitucional.
Es por ello que los expresidentes hicieron “un respetuoso, pero firme, llamado" a la Asamblea Legislativa, para que garantice las condiciones necesarias para el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional”.
Óscar Arias, Laura Chinchilla, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y José María Figueres firmaron la petición.
El único que no firmó el pronunciamiento público fue Rodrigo Chaves, quien casualmente es ministro de Hacienda.
“La falta de nombramientos puede afectar la capacidad del tribunal para cumplir la misión que la Constitución le encomendó: proteger los derechos y libertades de las personas y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la ley y la Constitución”, indica el pronunciamiento oficial.
Según los expresidentes, miles de personas acuden todos los años a la Sala para defender su derecho a la salud y obtener tratamientos o procedimientos médicos indispensables.
“Miles más hacen valer el derecho a la educación de sus hijos, a la protección del ambiente, al acceso a la información pública, al ejercicio de la libertad de expresión y al debido proceso”, indica el pronunciamiento oficial, indicaron.
En una decisión inédita para la Corte Suprema de Justicia, este lunes, 16 magistrados se negaron a mandar una nueva lista de postulantes para la Sala IV.
Esto, sin importar que, en al menos once ocasiones, los diputados se opusieron a nombrar a los magistrados suplentes usando la nómina enviada desde octubre del año pasado.
A la fecha, al menos 87 costarricenses esperan una resolución judicial de la Sala IV.
El proceso lleva seis meses estancado y el máximo tribunal está al borde de un cierre técnico y parálisis por falta de personal.
El partido oficialista de Pueblo Soberano, que cuenta con 31 diputados, es el único que se opone a la nómina actual.
