Exámenes a nuevos profesionales

La posibilidad de hacer exámenes a los profesionales universitarios para ejercer o aspirar a una plaza, es un tema que por años ha estado sobre la mesa y ahora se escucha con más fuerza. El ministro de Educación, don Leonardo Garnier, se ha planteado el desafío de utilizarlos para la escogencia de profesores en propiedad en el Ministerio de Educación.

El Ministro está en la dirección correcta y, si logra consolidar esta idea, habrá dado un paso muy importante para el mejoramiento cualitativo de la educación, ya que el profesor es un factor que provoca un gran impacto en la calidad de la educación.

Sobre este tema hay en Costa Rica una experiencia interesante. La Caja de Seguro realiza anualmente exámenes a todos los graduados de las escuelas de medicina del país, con el propósito de distribuir becas para realizar el internado en los hospitales públicos.

Lo importante de estas experiencias es que producen un efecto positivo en varios sentidos. Por una parte, las universidades se retroalimentan para poder afinar la formación de sus futuros profesionales en áreas clave para los empleadores y, por otra parte, permite contar con profesionales bien preparados para su ejercicio. Es una cadena que se alimenta de manera natural.

El problema radica en quién diseña, aplica y evalúa estos exámenes. Una corriente promueve que sean los colegios profesionales quienes lo hagan. Esto presenta serios riesgos, ya que los colegios, como cualquier grupo gremial, cuida que en el mercado no exista mucha oferta de profesionales en su respectiva área, a fin de no incrementar la competencia entre sus afiliados. Esto es legítimo, pero desde el punto de vista de los “nuevos entrantes”, es decir, los nuevos profesionales, esto podría transformarse en una barrera de entrada muy complicada y se puede distorsionar el propósito mismo del sistema. Recordemos la larga lucha que sostuvieron por su reconocimiento profesional los graduados del Tec, ante la oposición del Colegio de Ingenieros, la que tuvo que ser resuelta finalmente por la Asamblea Legislativa. Por eso, creo que hay que descartar esta opción, porque significaría —como decían los abuelos— que es como poner al ratón a cuidar el queso.

Hay otra razón, los colegios profesionales no son consistentes en sus políticas. Basta que cambie la directiva para que se anulen o cambien acuerdos relevantes que varían radicalmente las reglas del juego, lo que deja sin protección a quienes ya están estudiando esas carreras en las universidades.

Hay profesiones que son especialmente sensitivas en una sociedad, como las relacionadas con la salud, la educación, algunas ingenierías, el derecho, en que la sociedad debe tener sistemas eficaces que den garantía de una formación adecuada y, al mismo tiempo, que permitan ser instrumentos confiables y que, por lo tanto, no estén contaminados con factores que no sean estrictamente académicos.