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España protestó contra medidas de Rajoy

La huelga general que vivió ayer España, convocada contra la reforma laboral del Gobierno que preside Mariano Rajoy, fue calificada de éxito por los sindicatos convocantes mientras que el Ejecutivo considera limitado el impacto de la protesta e insiste en que no cambiará la esencia de su reforma.
La jornada de paro transcurrió con un desigual seguimiento, según los sectores, con el cese de la producción en grandes empresas de la industria pero con menor repercusión en los servicios y transportes.
Los líderes de los dos principales sindicatos españoles, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras (CCOO), y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT) proclamaron el "éxito democrático y social indiscutible" de la huelga y pidieron al Gobierno que negocie la modificación de la reforma laboral, que consideran "dañina" para los trabajadores.
La huelga fue secundada por miles de personas de toda España que igual se manifestaron contra las reformas del gobierno de Rajoy.
Las protestas estuvieron marcadas por la tranquilidad en todas las ciudades españolas, excepto en Barcelona (noreste), donde se registraron diversos actos violentos al término de la manifestación, como quema de contenedores y rotura de escaparates, por lo que tuvo que intervenir la policía.
En Madrid, casi un millón de personas salieron a la calle, según los cálculos de Fernández Toxo, quien se refirió a la marcha como "un río democrático de personas que defienden sus derechos y el modelo social que tanto tiempo y esfuerzo ha costado a este país".
Los sindicatos opinan que la nueva normativa, aprobada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo en unas de sus primeras medidas, no ayudará a relanzar la economía y será ineficaz para la generación de empleo en un país con 5,2 millones de desempleados, el 23% de la población activa.
El principal argumento del Gobierno para aplicar la reforma es precisamente el desempleo, para lo que el Ejecutivo conservador apuesta por flexibilizar el mercado de trabajo.
España está bajo el punto de mira de los mercados financieros internacionales y de la Unión Europea, que presiona al Gobierno de Madrid para que controle el déficit público hasta dejarlo este año en el 5,3 % del PIB.
Ello supondrá acometer fuertes recortes en las cuentas de este año, que serán presentadas hoy por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.
En una rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios propusieron al Ejecutivo que inicie un camino distinto para buscar un consenso que relance la actividad económica y reduzca el desempleo.
Los sindicatos dieron de plazo hasta el próximo 1 de mayo para que el Gobierno les lance "una señal", y advirtieron que, de lo contrario, recrudecerán sus posturas.

Madrid / EFE
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