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El tema de seguridad se nos sale de las manos y si no se toman medidas, Costa Rica va rumbo a emular la difícil situación que viven otras naciones de la región, donde las bandas criminales imponen su ley

Es hora de actuar

Han pasado casi dos años desde que Laura Chinchilla juró como Presidenta de la República y, aunque prometió poner mano dura contra el hampa y el crimen organizado, la verdad es que hemos visto muy poco de esa “firmeza” que tanto pregonó en campaña.
Durante el primer año de esta administración, el gobierno fue timorato en la toma de decisiones, de la mano de un ministro que erró en parte de su accionar y declaraciones.
Paralelamente, en esos primeros 12 meses de gestión, se subyugaron las acciones policiales y estratégicas, al conocimiento de un diagnóstico de la criminalidad, el cual tuvo como mayor conclusión “descubrir el agua tibia”, mientras los santos y los costarricenses, lloramos por el tiempo perdido.
Con el inicio del segundo año de esta administración, la ciudadanía esperaba un cambio radical en la gestión en seguridad.
Si bien es cierto, el trabajo de Mario Zamora como ministro de Seguridad Pública y su equipo de trabajo ha sido positivo, lo cierto del caso, es que también ha sido insuficiente, pues la inseguridad sigue siendo el principal dolor de cabeza de los costarricenses.
En todo 2011, el Poder Ejecutivo movió la agenda legislativa en torno al plan fiscal y dejó en un segundo y tercer plano, el resto de proyectos vitales, incluyendo aquellos relacionados con la seguridad ciudadana.
De todas las iniciativas en esta materia, solo se logró concretar la aprobación de un gravamen de $200 para las sociedades anónimas, el cual se dedicará en su totalidad para luchar contra los antisociales.
Sin embargo, esa es una pírrica victoria si se considera “la verdadera guerra” que se debe luchar para recuperar la paz social en el país.
La cantidad de denuncias por delitos como robos, asaltos, violaciones y homicidios mantienen una tendencia al alza desde 1998, cuando apenas se presentaron 89 mil acusaciones. El año pasado, se contabilizaron más de 235 mil por esos delitos.
En ese sentido, uno de los casos más graves está relacionado con los asesinatos, ya que en ese mismo periodo, pasaron de 222 a 506 anuales.
El tema de seguridad se nos sale de las manos y si no se toman medidas, Costa Rica va rumbo a emular la difícil situación que viven otras naciones de la región, como México, Honduras y Guatemala, donde las bandas criminales imponen su ley.
Es hora de actuar. El año que está a punto de comenzar debe ser el de la seguridad y punto. La Presidenta tiene ante sí una oposición abierta al diálogo en este tema y antes de establecer otra prioridad legislativa, debe ponerse a pensar en las víctimas y sus familiares, quienes han sufrido en carne propia, la desatención de la que han sido sujetos.

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