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Un gobierno debe implementar lo necesario para que prevalezca el clima seguro donde puedan nacer, crecer, formarse y producir los miembros de una sociedad

El urbanismo requiere seguridad

Dos informaciones de este medio, una de ayer, sobre la posibilidad de embellecer San José y otra de hoy sobre el hecho de que la seguridad privada ya duplica en número de efectivos a la Fuerza Pública, reflejan lo que enfatizábamos en el editorial del lunes: una ciudad insegura no puede ser disfrutada por quienes la habitan o visitan aunque se embellezca con edificaciones y otros espacios públicos.
Si es verdad que ningún país puede dejar de tener un centro cívico, no vemos cómo una nación pueda sentirse tal si no cuenta con la policía (llámese como se llame) suficiente y capaz para mantener el orden y garantizar la paz social a los habitantes. Un gobierno debe implementar lo necesario para que prevalezca el clima seguro donde puedan nacer, crecer, formarse y producir los miembros de una sociedad.
No obstante, Costa Rica se encuentra en la insólita situación de tener el doble de seguridad privada que pública.
Pero además, lo anterior no significa que entre ambas está garantizado el resguardo a la población. Por el contrario, la fórmula no funciona, excepto para quienes tienen el negocio de ofrecer vigilancia y defensa.
La realidad, según la confirma la publicación mencionada, es que el Estado no tiene ni siquiera capacidad para fiscalizar adecuadamente los servicios de protección privados.
La presidenta Chinchilla aparentemente contaba, aún antes de asumir el poder, con el apoyo de los líderes de los diferentes partidos políticos para que fuera aprobado rápidamente, sin trabas ni retrasos, en la Asamblea Legislativa, el presupuesto necesario para emprender la tarea de dotar al país de suficientes agentes de Fuerza Pública, bien entrenados y con los recursos que requieren.
Esto se vio como algo totalmente lógico y razonable puesto que es el principal clamor de la población. No obstante, a la fecha no se tienen aún noticias de ese presupuesto y del arranque de ese plan.
Por otro lado, esta urgente necesidad, que no puede seguirse postergando (el gobierno anterior no la atendió), no justifica bajar la guardia en lo referente a salud y educación. Por el contrario, todo esto, junto a la infraestructura, forma parte del mínimo de prioridades que debe atender un gobierno.
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