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Jueves, 22 de agosto de 2019



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El Salvador pone en vigencia ley que expulsa pandillas

Redacción La República [email protected] | Lunes 20 septiembre, 2010



Norma declara ilegales a las “maras” y faculta a Fiscalía para inmovilizar cuentas bancarias e incautar bienes
El Salvador pone en vigencia ley que expulsa pandillas
Mara Salvatrucha y la M18 buscaron paralizar el transporte, como medida de presión para impedir que legislación entrara en vigor

Una ley que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas y otros grupos empezó a regir ayer en El Salvador, después que esas bandas obligaran al transporte a paralizar sus labores durante 72 horas para exigir que no se sancionara este instrumento jurídico.
La Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como “antimaras”, fue aprobada por el Parlamento el pasado primero de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente Mauricio Funes, quien descartó negociar con los pandilleros.
“Ocho días después de su publicación (en el Diario Oficial) entra en vigencia”, explicó a Efe el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
A raíz de esta ley, que busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre diez y 13 asesinatos por día, la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M18) buscaron paralizar el transporte, para impedir su sanción presidencial.
La norma declara ilegales y proscribe “las llamadas pandillas o maras” y prevé la “la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia” de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva.
También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con estos delitos.
Campos detalló que las autoridades contarán “con nuevas herramientas” para “proceder contra el patrimonio de aquellas personas miembros de pandillas o relacionados con pandillas” e inhabilitarlos para integrar sociedades o ser accionistas.
“No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este delito, no pueden recibir ningún beneficio legal de parte del Estado, no pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos, por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños” de estos mediante terceros, sentenció.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador,José Luis Escobar Alas, dijo ayer en una rueda de prensa que la ley “es una herramienta válida” y “un elemento a favor para la solución de la violencia”, pero “no basta”, advirtió el prelado, quien destacó la necesidad de “avanzar en la prevención del crimen” y en “la investigación”.
El Ejecutivo presentó la ley luego de que presuntos pandilleros incendiaron el pasado 20 de junio un autobús con sus pasajeros a bordo, en un hecho que causó 17 muertos. Ese mismo día fue atacado a tiros otro vehículo del transporte, lo que se cobró tres vidas.

San Salvador/EFE