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Lunes 8 Junio, 2015

El negocio de las instituciones educativas “fantasma”

La educación privada y su aporte a la educación costarricense es indudable, sin embargo, sufre de sus problemas, los cuales muchas veces no se exponen o publican por razones económicas y políticas que no vienen al caso para esta breve nota.
Los problemas de acreditación de las instituciones, de idoneidad del personal docente y la deficiente infraestructura educativa son complicaciones comunes que a través de los años la Administración ha buscado atender y solventar, con resultados parciales. No obstante, existe un caso o modalidad de oferta educativa privada que merece la mención específica y que, a la fecha, su impacto a nivel educativo, no ha sido analizado a profundidad: me refiero a instituciones que cumplen, como si fuera su objetivo o carta de presentación, todos los vicios antes citados.


Instituciones educativas, de origen extranjero y que funcionan, físicamente, en Costa Rica, las cuales no gestionan trámite alguno ante el Registro Nacional y mucho menos su acreditación ante el Ministerio de Educación Pública, que a la vez no cuentan con un personal titulado y si lo poseen, la Administración lo desconoce, dado que funcionan al margen de la normativa aplicable.
Por otra parte, son centros educativos que no poseen infraestructura educativa apta, imparten las lecciones en residencias particulares, sin aulas acondicionadas, sin áreas de esparcimiento.
El problema de estos centros privados no acaba aquí; aunque parezca difícil de creer no imparten el currículo o planes de estudio nacionales, recurriendo a supuestas modalidades extranjeras que promueven procesos de aprendizaje mediante textos o tutoriales y cursos en línea, los cuales concentran, en “teoría” o “fantasía”, en cuestión de unos meses y, con muy pocas materias, lo que nuestros alumnos, inscritos en centros docentes públicos y privados, debidamente acreditados, duran años en obtener con gran esfuerzo.
Nuestras autoridades judiciales y el Ministerio de Educación Pública han determinado que una oferta educativa extranjera que se imparta en Costa Rica es viable, en el tanto se acompañe o funcione, conjuntamente con el sistema costarricense. Es decir, ambas ofertas educativas deben ser cursadas por los estudiantes, obteniéndose al final de los estudios el correspondiente bachillerato costarricense y la titulación extranjera del caso. De esta forma se garantiza plenamente el derecho a la educación de los estudiantes reconociéndose su proceso formativo, además de que se habilita el acceso a la educación superior costarricense y se permite la formación académica, a la luz de otros sistemas educativos.
La pregunta que surge es ¿por qué si existen estas alternativas y ya muchos centros docentes privados las aplican, las instituciones que se mencionan no lo hacen? Hablemos de intereses económicos de las empresas que se ofertan con una educación rápida y casi sin evaluaciones, sin invertir en infraestructura, sin pagar docentes calificados y sin garantizar resultados: un “negocio redondo”. Por otra parte, el mercado meta de estas instituciones, es decir, las personas que se inscriben, en la mayoría de los casos son víctimas del engaño ante ofertas muy tentadoras o, por el contrario, buscan el facilismo académico, y por qué no decirlo, dada la falta absoluta de controles, hasta se podría llegar a pensar que se compran títulos.
Estos centros, en su momento encontraron la solución a sus problemas de reconocimiento, no precisamente mediante la regularización de su situación en Costa Rica. Aprovechando sus raíces en el extranjero, han logrado obtener, en favor de sus estudiantes, títulos emitidos en otros países por instituciones hermanas que aplican el mismo sistema de operación. Sin embargo, cómo se explica que un estudiante, que nunca ha abandonado suelo costarricense o, en el mejor de los casos salió por un par de meses, curse físicamente en una institución educativa radicada en el extranjero todos los estudios necesarios para obtener dicho título, exigiendo de inmediato, ante la Administración, el reconocimiento y equiparación de su título al bachiller costarricense.
El escenario descrito preocupa, en especial si se considera que se estaría permitiendo el acceso a personas no calificadas a la educación superior. Lo anterior conduce a sentar responsabilidades, tanto de los padres de familia y de los propios adultos que propician el surgimiento y avance de estas instituciones, y de las propias empresas que funcionan al margen del marco jurídico costarricense.
En cuanto a la Administración, la labor es ardua, especialmente si consideramos que para el Estado estas instituciones no están registradas y desean mantenerse así, teniendo noticia de las mismas por denuncias o una vez que los estudiantes llegan a solicitar el reconocimiento de los estudios “extranjeros” realizados en Costa Rica, pero al margen de todo control y estándar de calidad, sin planes de estudio reconocidos y sin realizar pruebas nacionales de bachillerato.
El negocio, de las instituciones educativas “fantasma” opera en nuestro país, y nos da un claro ejemplo de cómo algunos empresarios privados buscan obtener beneficios defraudando a los estudiantes y a la propia Administración.
De esta forma, se debe considerar que la calidad en la educación que se persigue no se logra mediante estas modalidades educativas de dudosa procedencia y la reforma del Estado costarricense que tanto se discute no se va a culminar, si nuestros propios ciudadanos no optan por un proceso formativo acorde con las necesidades académicas actuales, sino por la vía fácil y fraudulenta.

Fernando Sanabria Porras