El (des)control político

PIZARRON
El (des)control político

La situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que provocó en estos días movilizaciones sociales y huelgas, denuncias sobre su administración y políticas, y de rebote la renuncia de su anterior presidente ejecutivo, fue dada a conocer al país por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, por el control político que la prensa ejecuta, en sustitución y por ausencia, interesada de unos y generada por ignorancia de otros actores políticos en este control, y no por quienes en el país, debieron estar atentos en su cuido, manejo y control institucional, los partidos políticos, sus diputados y las organizaciones sociales.
Los organismos internacionales a los cuales pertenece Costa Rica se nutren de información oficial, y solo esa pueden oficialmente emplear en sus estudios comparativos, evaluaciones y análisis que realizan del país. Esto significa que todo lo que la OPS dijo, y sacudió por su divulgación, está en manos de las autoridades de la Caja, su junta directiva, del Ministerio de Salud, quienes elaboran los datos que se envían a esos organismos, y de las autoridades de gobierno.
Cada año constitucionalmente el Presidente de la República y cada uno de los ministros están obligados a rendir un informe de gestión. El Presidente debe proponer, en este informe, medidas que juzgue de importancia para la buena marcha de su gobierno, el progreso y el bienestar de la nación. Y, con los ministros, debe disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con la leyes, vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, y enviar al Poder Legislativo el Proyecto de Presupuesto Nacional.
Los ministros están obligados a rendir una memoria sobre los asuntos de su dependencia, un informe de las instituciones adscritas a cada ministerio. Nadie está exento de este control informativo que los diputados en la primera quincena de mayo deben recibir.
Presidenta y ministros son responsables en todos los casos que por acción u omisión violen alguna ley expresa, como la de exigir el pago de las planillas de la Caja, evitar la retención indebida, o robo continuado de los salarios de los trabajadores, con el perjuicio que ocasiona a los asegurados, sus familias y a la seguridad social. Elegantemente los llaman morosos, pero penalmente deberían llamarse ladrones.
El Ministerio de Trabajo conoce cuáles patronos no pagan salarios mínimos, la Caja cuáles no pagan puntualmente sus cargas sociales, el Ministerio de Hacienda cuáles no están al día en sus obligaciones tributarias de carácter social.
Notoria y públicamente empresas y sociedades desaparecen para evitar estos pagos y renacen con las mismas personas, con otro nombre social, para burlar estas obligaciones patronales, a vista y paciencia de sus controladores. ¿Y los diputados y la Contraloría General de la República dónde están? Al ojo del amo…
Si el control, que es la capacidad de comprobar, intervenir, inspeccionar, dirigir, mandar, regular, de quienes deben ejercerlo no se realiza, significa que se ha perdido la capacidad de dominio, de ejercer ese control, y estamos ante un descontrol institucional, una incapacidad de poder de quienes lo ejercen.
Y si no lo pueden ejercer que lo dejen, que renuncien los que se encuentran en esta situación: las autoridades de la Caja y su junta directiva directamente comprometida, diputados que no ejercen el control de los ministerios y sus dependencias. ¡Sí hay responsables, doña Laura!

Vladimir de la Cruz