El costo de ocupar un cargo

El costo de ocupar un cargo

La gran controversia generada sobre unos montos nuevos propuestos para los salarios de los diputados y de los ministros ya pasó a la historia; tanta emoción se generó alrededor del tema, que varias realidades se perdieron de vista. La Asamblea Legislativa que concluyó sus funciones a finales de abril debió haber dejado aprobada la legislación, porque se necesita subir los salarios de los que ocupan cargos públicos. Quisieron subsanar el error los diputados actuales, pero aparentemente se les olvidó que es ilegal legislar para beneficio propio.

La verdad es que la misma ley, o una versión de esta, la deberían aprobar durante el periodo constitucional actual, para que entre en vigencia a partir del 9 de mayo de 2014. Ahora virtualmente ningún empresario o funcionaria de una empresa privada puede optar al puesto de diputado o ministro excepto que sea independientemente rico. Los que se dedican al ejercicio libre de sus profesiones  médicos, ingenieros, arquitectos, incluso abogados de bufetes pequeños en raras ocasiones pueden aceptar un cargo de estos. ¿Por qué?

El empresario no puede cerrar su negocio. Tampoco hay compañía que vaya a dar un “permiso sin goce de salario” a un funcionario para que pase cuatro años en un puesto político. El médico no puede cerrar su consultorio; para abrirlo después de cuatro años, sería muy costoso. Lo mismo es cierto para otras profesiones de ejercicio libre.

Para una funcionaria de nivel medio alto en una corporación, dejar su cargo para ganar $2.500 a $3 mil mensuales no es opción viable si está pagando una hipoteca, costeando un contrato de “leasing” de un automóvil, y pagando matrículas en un centro educativo privado. La excepción sería si tiene un cónyuge que gane lo suficiente para cubrir estos y otros costos de su vida en conjunto.

Se entiende que la Asamblea Legislativa no tiene que ser absolutamente representativa de todas las profesiones, todos los sectores, y de todo el territorio nacional. Pero estoy convencido de que el sector productivo del país no está representado adecuadamente en la legislatura actual; tampoco hay suficientes de quienes puedan comprender y argumentar a favor de ese sector en el Consejo de Gobierno. Parte de la razón de esa ausencia es la baja remuneración, con el agravante del escrutinio profundo que involucra la declaración de los bienes de los que deciden servir.

No está totalmente descubierto el sector. La norma es que dos o tres de los bufetes más grandes mandan abogados para servir como legisladores por cuatro años; estos durante su periodo de servicio pueden presentar la posición del sector en algunas de las comisiones por lo menos. Se “sacrifican” pero es probable que reciban una remuneración anual del bufete; después de servir son especialmente cotizados para asesorar a los empresarios con problemas legales/políticos.

Cuando el país era fundamentalmente de orientación agrícola, cuando pasaba poco en el día a día, un diputado servía en las sesiones ordinarias y después, como buen ciudadano, regresaba a su bufete, su empresa, su finca, su consultorio para reasumir su vida. Cuando la Asamblea Legislativa estaba en sesión, también se convocaban a Consejos de Gobierno. Ahora los puestos son de tiempo completo y dedicación exclusiva. Por ende hay que pagar mejor para que el sacrificio involucrado en ocuparlos no sea tan oneroso. Repito que hay que aprobar los aumentos para que entren en vigencia en 2014.

Carlos Denton

cdenton@cidgallup.com